Funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no dieron detalles del total, pero al menos 160 personas resultaron detenidas en Los Angeles y 200 en Atlanta, como parte de una operación a nivel nacional, según medios de prensa locales.
Janet Munguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (CNLR), una de las principales entidades que velan por los derechos de los indocumentados, denunció la deportación ayer de Guadalupe García Rayos, residente en Arizona, uno de los primeros casos de este tipo en recibir atención nacional.
Nos sentimos extremadamente contrariados con esta medida, porque se trata de una mujer trabajadora, madre de dos niños, lo que confirma que cuando la Administración amenaza con sacar del país a los criminales, realmente se refiere a todos los inmigrantes sin permisos, añadió Munguía.
Por otra parte la organización United We Dream (Unidos soñamos), una de las asociaciones de jóvenes inmigrantes más grandes del país, publicó volantes en las redes sociales en inglés, español, árabe, chino y coreano para instruir a los indocumentados sobre cómo interactuar con los agentes del ICE.
Durante una conferencia de prensa ayer en la Casa Blanca, junto al primer ministro japonés Shinzo Abe, Trump prometió que implementará en los próximos días nuevas medidas en materia migratoria destinadas a ‘reforzar la seguridad del país’.
Los planes del mandatario en este sentido constituyen una respuesta a la moción del Tribunal de Apelaciones de San Francisco, California, que el jueves decidió mantener bloqueado de forma temporal su controversial decreto que veta la entrada de refugiados y ciudadanos de siete naciones musulmanas.
Durante la campaña electoral, Trump prometió inicialmente crear una fuerza encargada de deportar a 11 millones de extranjeros que residen en Estados Unidos sin autorización, empezando por los delincuentes más peligrosos.
Tras ser electo en los comicios de noviembre, el empresario neoyorquino dijo que su gobierno se encargaría de enviar a sus naciones de origen a cuatro millones de criminales, aunque según el Centro para los Inmigrantes Legales más de ocho millones de personas pudieran ser deportadas en los próximos años.
