SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la constructora Odebrecht fue rechazado hoy por el juez de atención permanente José Alejandro Vargas, tras considerar que no se cumplieron los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal.
El magistrado basó su decisión en que el acuerdo fue el resultado de una conciliación entre las partes en la que debían participar las víctimas, imputados y querellantes en caso de infracciones leves, pero no se podía aplicar en este caso por tratarse de un hecho grave.
Dijo que tanto Odebrecht como la Procuraduría reconocen que se trata de un caso grave que amerita ‘otro tipo de remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica’, por lo cual declaró inadmisible el acuerdo y ordenó su devolución para que las partes escojan el mecanismo que establece el Código Procesal Penal.
Mediante el convenio la empresa brasileña se había comprometido a pagar al Estado dominicano una multa de 184 millones de dólares (el doble de lo invertido en sobornos), durante un período de ocho años, pero ahora el monto y la forma de pago se decidirá dentro de la legislación vigente.
No obstante, aunque el Juez Vargas rechazó el procedimiento del acuerdo al declararlo inadmisible, acogió la solicitud del Ministerio Público de declarar ‘complejo el caso’ y declaró ‘buena y válida’ la petición de realizar una investigación abierta contra la constructora.
Esa acción procede por la presunta violación a los artículos 166, 167 y 175 del código penal dominicano, las leyes sobre soborno transaccional en el comercio y la inversión y la Ley 72-00 de lavado de activos provenientes del narcotráfico u otras infracciones graves.
Además el juez autorizó a llevar a cabo la investigación tramitando las pesquisas bajo el amparo del código procesal penal que le permite solicitar un criterio de la oportunidad si el imputado colabora.
Antes del inicio de la audiencia, el Colectivo Marcha Verde contra la corrupción protestó frente a las instalaciones del Palacio de Justicia exigiendo que el magistrado rechazara la validación de dicho acuerdo que consideran una forma de dejar el caso en la impunidad.
PL
