La Presidencia de la República reaccionó así a la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados son acusados de prevaricato y parcialización a favor de la derecha política.
‘Es un retroceso en el proceso de modernización del transporte colectivo que se caracteriza por ser seguro, accesible, rápido, amigable con el medio ambiente y que ha mejorado la calidad de vida de las personas que lo usan a diario’, señala el texto.
La medida, habilitada ahora por los mismos que la rechazaron en agosto de 2015 y enero de 2017, amenaza además la vida de los usuarios del Bulevar del Ejército y perjudica a la población pues generará desorden e inseguridad vial.
Los jueces argumentaron un supuesto interés público, pero los usuarios del transporte público de pasajeros superan en número a quienes se trasladan en vehículos particulares, quienes pueden tomar vías alternas o paralelas a su libre voluntad.
El Sitramss opera según el concepto internacional de BRT (Tránsito Rápido de Ómnibus, siglas en inglés), pero la decisión de la polémica Sala frena un proceso desarrollado en apego a la Constitución y a las leyes.
‘La decisión de la Sala de lo Constitucional frena un proceso de modernización, dignificación y orden que beneficia a la población más vulnerable’, concluye el pronunciamiento de la Presidencia.
