Aclaró que el grupo de alumnos, siete de ellos mujeres, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizaba ‘una acción ciudadana pacífica de protesta y no una ocupación como reportaron los medios’ de prensa.
Posteriormente losjóvenes abandonaron la Procuraduría luego de la mediación de varias personalidades y de entregar un documento, recibido por el procurador adjunto, Rodolfo Espiñeyra, añadió la CNDH-RD en un comunicado.
En el texto la entidad asegura que en la República Dominicana hay un creciente clima de intolerancia y represión alrededor de los integrantes del movimiento Marcha Verde y de cada ciudadano que salga a condenar públicamente la corrupción y la impunidad reinantes.
La CNDH-RD señala, además, que ha informado de estos casos a organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos a nivel internacional.
Por su parte la PGR asegura que los estudiantes ‘mintieron’ para entrar al Ministerio Público al decir que no actuaban a nombre del movimiento civil Marcha Verde y ‘tomaron el antedespacho del procurador, Jean Alain Rodríguez, durante seis horas’.
La PGR los acusa de usar ‘información falsa’ pues para entrar al edificio los manifestantes se identificaron solamente como estudiantes que buscaban informaciones para tareas universitarias y cuestionaron el método para comunicar sus reclamos.
‘Valiéndose de ese móvil, que luego resultó ser falso, los visitantes llegaron hasta la cuarta planta, sorprendiendo a la seguridad y entrando, sin autorización, a la recepción que conduce al antedespacho del procurador general’, apuntó la entidad.
Por su parte los jóvenes denunciaron que observaron como todo el personal de la oficina fue saliendo uno por uno y cuando la última persona abandonó la sala, apagaron las luces, cerraron las puertas y lanzaron el gas lacrimógeno.
Explicaron que con su presencia en la PGR pretendían exigir la salida del país de la constructora brasileña Odebrecht y que se hagan públicos los nombres de quienes recibieron los sobornos que la firma admitió haber pagado para lograr contratos de obras públicas.
Odebrecht distribuyó 92 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos en el país y alcanzó un acuerdo con la Procuraduría General dominicana, mediante el cual indemnizará al país con 184 millones de dólares y delatará a quienes recibieron sobornos.
