Durante la marcha los manifestantes anunciaron que continuarán por otras barriadas y zonas rurales del país y criticaron que el Gobierno construya con la empresa Odebrecht la termoeléctrica a carbón de Punta Catalina, en Baní, provincia Peravia.
Aseguraron que esa obra está sobrevaluada y forma parte del cuerpo del delito de las operaciones ilegales de Odebrecht en República Dominicana donde entregó sobornos por 92 millones de dólares.
El movimiento aseguró que la adjudicación a la empresa brasileña del contrato de Punta Catalina por parte del gobierno debe investigarse penalmente, tomando en cuenta el patrón internacional de corrupción de la constructora.
Esta semana el país espera los nombres de todos los sobornados por Odebrecht, desde el 2001 hasta el 2014, recordó el movimiento y dijo esperar que se investiguen todas las sobrevaluaciones y el posible financiamiento de campañas electorales.
En el recorrido por las calles y callejones de Capotillo la Marcha Verde exhortaba a que sea devuelto todo el dinero robado al pueblo para que sea invertido en la mejora de los servicios básicos en los barrios y campos más pobres del país.
Los comunitarios de Capotillo aseguran que con sólo una mínima parte de estos recursos el gobierno podría construir las dos estancias infantiles, la escuela, el polideportivo, la calle de El Túnel y otras obras reclamadas desde hace años.
La Marcha Verde anunció que las jornadas populares para reclamar el fin de la impunidad se extenderán por los principales barrios y zonas rurales y la próxima semana dará a conocer los sectores que continuarán ese proceso de protestas.
Paralelamente, los jóvenes que la pasada semana fueron agredidos con gas en el antedespacho del procurador general, Jean Alain Rodríguez, denunciaron que el Gobierno intenta criminalizar la lucha contra la impunidad y la corrupción.
En rueda de prensa dijeron que en esa dirección se encaminan acciones como el fallido intento de colocar drogas al activista social de Moca, Juan Comprés, así como de acusar al grupo de jóvenes de pretender colocar bombas en la Procuraduría General.
Los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Heidy Adón, Raiza de León, Mayeline Medina, Yovanca Montero, Carmen Espíritu, José Díaz y Cristina Mesa consideraron que con esas acciones el Gobierno busca desacreditarlos.
Dijeron que con esas acciones las autoridades muestran el temor por el carácter cívico y amplio del movimiento que tiene como único objetivo adecentar la administración pública y acabar con la corrupción, responsable del deterioro social.
Llamamos a la juventud a empoderarse de esta lucha, sin tregua contra la impunidad, porque de lo contrario los funcionarios corruptos que se distribuyen sobornos, sobrevaluaciones y compras nos dejarán un país quebrado, afirmaron.
Dijeron que como consecuencia de ese flagelo los jóvenes no encuentran empleo y carecen de acceso a buenos programas educativos, razón por la cual una gran cantidad de talentos abandona la nación en busca de mejor suerte.
En su comunicado, invitaron a toda la población a acompañarlos a un campamento que instalarán a partir del martes frente al edificio de la Procuraduría General de la República hasta que salgan los nombres de los sobornados por la Odebrecht.
