Desde el viernes último fue designado el magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega como juez de instrucción y se espera que en las próximas horas sean emitidas órdenes de arrestos y allanamientos contra los implicados.
La víspera se informó que está siendo remozada la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la capital, a donde serán llevados los primeros sospechosos y también se supo que la penitenciaría de Najayo es acondicionada para esperar a los que reciban coacción.
El caso Odebrecht será instruido por un juez de la SCJ porque el expediente involucra a varios legisladores que tienen jurisdicción privilegiada y habrá que esperar por la postura del Congreso respecto a la retirada o no de la inmunidad parlamentaria para procesarlos.
También habrá que ver si algunos delitos prescribieron pues el pago de sobornos por 92 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para obtener 17 obras públicas que luego habrían sido sobrevaluadas ocurrió en un lapso largo de tres gobiernos.
Aunque el procurador general, Jean Alain Rodríguez, ha interrogado en las últimas semanas a más de 30 legisladores, exfuncionarios y ejecutivos de Odebrecht lo cierto es que todos han salido de esos encuentros negando sus relaciones con los sobornos.
El caso Odebrecht llega a los tribunales antecedido de una gran presión social de diversos sectores que exigen el cese de la impunidad y la corrupción, cárcel para los sobornados y devolución del dinero.
Entre esos sectores figura el Movimiento Marcha Verde, que ha movilizado a miles de dominicanos en acciones multitudinarias realizadas en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís y Azua y que está pendiente de cada detalle del proceso.
Los grupos que demandan el fin de la impunidad se mantienen atentos ante la posibilidad que se quiera proteger a determinadas figuras y se desvirtúe el proceso, como desean muchos para evadir encarcelamiento.
Se reclama que en la lucha contra la corrupción los acusados no sean escogidos con pinzas o quedará muy mal el gobierno cuando Brasil o el estadounidense Departamento de Estado publiquen esos documentos.
Ante esa presión social el gobierno se ha mantenido a la defensiva en los últimos meses y aspira a que con los juicios se revierta la situación política en que se encuentra actualmente, pero si no se incluyen las figuras consideradas involucradas ello radicalizará las protestas.
