Se trata de un contrato por 251 millones de pesos (más de cinco millones 300 mil dólares) para la ampliación y reparación del hospital Leopoldo Pou, de la provincia de Samaná, otorgado por la gubernamental Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) a un ingeniero, sin realizar licitación pública.
Según explicó el presidente de FJT, Trajano Potentini, la Ley 340-06 limita a un 25 por ciento del monto original las modificaciones que se le pueden realizar a un contrato, pero en este caso no solo se ignoró esa disposición, sino que se violentaron los procedimientos establecidos por la ley y se suscribió un contrato nuevo.
Potentini consideró que este hecho requiere la intervención inmediata de la DGCP para que suspenda la ejecución de esa obra hasta tanto culminen las indagaciones y que se suspenda el Registro de Proveedor del Estado al ingeniero contratista, por beneficiarse de una contratación fuera de las estipulaciones previstas en la Ley de Compras.
El presidente de la FJT advirtió que resulta peligroso pasar a manos de la OISOE la construcción y remodelación de 56 hospitales que originalmente habían sido sorteados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
