Rondón fue condenado a un año de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria, pero en ese centro podrían con facilidad atentar contra su vida por lo que debe ser trasladado a otro lugar menos riesgoso para su integridad, consideró.
Según la CONA, hay sectores interesados que podrían silenciar al imputado, señalado como el distribuidor de 92 millones de dólares que la empresa admitió utilizar para sobornar a legisladores y funcionarios a fin de conseguir contratos.
La CONA consideró que en la cárcel de La Victoria se dan todas las condiciones para que algún interesado fragüe un plan para garantizarse impunidad, por lo que responsabilizó al Gobierno y al Procurador General de preservar la vida de Rondón.
Los testimonios de Rondón podrían ser determinantes para que el caso Odebrecht llegue a feliz término en el país. Su silencio constituye una garantía para muchos aún no encartados que podrían estar involucrados en el escándalo, observó.
El hecho de que un imputado como Rondón, que maneja informaciones sensibles sobre el caso cumpla la medida en La Victoria, donde ni los custodios están seguros, debe llamarnos a preocupación, dijo el presidente de la CONA, Yuniol Ramírez.
La organización de abogados afirmó que en caso de que maten a Rondón en la cárcel, el expediente por los sobornos quedaría cerrado en lo absoluto y muchos delitos quedarían en la impunidad.
El juez de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega dispuso el pasado miércoles penas de prisión preventiva que van de los tres meses a un año de cárcel para ocho de los 14 imputados por los sobornos. Rondón tiene la coerción más larga.
Otros encausados son el ministro de Industria, Comercio y Mipymes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás; y el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) y extitular del Senado, Andrés Bautista.
Ninguno ha sido trasladado hasta ahora a prisión. Sólo dos imputados que cumplirán las medidas de coerción en sus domicilios abandonaron el viernes el Palacio de Justicia, sin que se haya indicado el motivo de la demora de los traslados a prisión.
La sentencia dispuso, además, fianza de cinco millones de pesos (105 mil 700 dólares) para dos senadores del PLD y un diputado del PRM, y el congreso estudia si les retiran o no sus inmunidades parlamentarias.
