Al presentar el informe elaborado a lo largo de seis meses, el consultor Jaime Aristy, indicó que su precio está en un rango que consideró razonable, pero recomendó modificar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Asimismo afirmó que la comisión no dispone de pruebas que puedan concluir que el proceso se preparó para beneficiar al contratista que resultó ganador frente a los otros aspirantes a ejecutar la planta de carbón en Punta Catalina, municipio de Baní, provincia sureña de Peravia.
Sin embargo reconoció que existieron condicionantes que privaron al país de obtener un mejor resultado y se incumplió el artículo 36 de la Ley de Compras y Contrataciones y el Estado se vio en desventaja de lograr mejores condiciones y precios frente a privados.
Indicó que la comisión complementó su trabajo con una auditoría externa encargada a la firma estadounidense FTI Consulting (asociada a Odebrecht), que comparó la cuantía del proyecto de la planta con el precio de otras infraestructuras similares en América.
Ese análisis determina que la propuesta económica del contratista está dentro de un rango razonable, siendo un seis por ciento inferior a los precios medios internacionales para la ejecución de obras similares, según el informe de la consultora, indicó.
Sobre el retraso de la obra, la comisión exhortó a que se determine el motivo para proceder en consecuencia, y recomienda que no se admitan ajustes de precio al alza con respecto a los mil 945 millones de dólares http://remoandaluz.es/servicio-medico/comprar-cialis establecidos en el contrato.
Aseguró que al comité no le convencen las justificaciones dadas por la empresa contratista y por la Corporación Dominicana de Empresa Eléctricas Estatales (Cdeee) que culpan del retraso al supuesto incumplimiento del cronograma de pagos por parte del Estado.
En vez de ello la comisión sostuvo que el Estado hizo pagos por adelantado equivalentes a un 13,69 por ciento de lo que debió haber liquidado por los trabajos contratados y completados.
El informe de la comisión deja claro que sus investigaciones son independientes de las que lleve a cabo la Procuraduría General de la República y conmina al Ministerio Público a fijar su atención en el tema del atraso en los trabajos y en los montos pagados por ello.
El presidente dominicano, Danilo Medina, designó en enero pasado esta comisión para investigar el proceso de licitación de los trabajos de la planta de carbón que Odebrecht levanta en Punta Catalina desde 2013, y que debe comenzar a funcionar el próximo año.
La termoeléctrica ha sido criticada por sectores políticos y grupos defensores del medio ambiente porque pudo haberse contratado algo más barato, y porque utilizará carbón, lo que generará contaminación que afectará al ecosistema y a la salud de las personas.
La constructora brasileña es investigada en este país por haber distribuido sobornos por 92 millones de dólares a funcionarios y legisladores para que se le asignaran obras públicas.
El caso llevó a juicio a 13 presuntos sobornados de los cuales ocho están en prisión preventiva, entre ellos un ministro y altos dirigentes de los dos principales partidos políticos: el oficialista de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Moderno (PRM).
