Según las fuentes la petición, formulada con carácter de urgencia, fue recibida en el máximo tribunal tras ser entregada al juez conservador Clarence Thomas.
Los abogados de Martinelli demandaron que se ordene la celebración de una audiencia para evaluar la legalidad de las condiciones de detención y encarcelamiento del exmandatario, un procedimiento jurídico conocido como hábeas corpus.
Aseguraron que no existe ningún tipo de riesgo de fuga y por eso su cliente debe estar libre, al contrario de lo que ha expuesto el gobierno de Panamá.
Hace casi tres semanas el juez estadounidense Edwin Torres negó otra vez la libertad bajo fianza a Martinelli, quien fue detenido en la ciudad de Miami, Florida, el 12 de junio.
Un día después del arresto, el exmandatario, cuyo país lo requiere para enfrentar acusaciones de escuchas ilegales a opositores durante su mandato (2009-2014) y otros cargos, compareció ante Torres, quien entonces no concedió tal solicitud.
Medios de prensa divulgaron que para tomar la última decisión el juez siguió el argumento de la Fiscalía, en representación del gobierno de Panamá, que enfatizó el peligro potencial de fuga de Martinelli.
A inicios de 2015, el exgobernante se autoexilió en Estados Unidos con un estatus migratorio que guardaba relación con su carácter de inversionista en esta nación.
Por otra parte, Panamá hizo una solicitud de extradición para que respondiera en el país centroamericano por una de las 12 causas abiertas en su contra, pero no se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Policía Internacional emitió en abril pasado Alerta Roja para la captura de Martinelli, quien se comunicaba con Panamá a través de redes sociales y videos a distancia, en los cuales insistía en su inocencia y ser víctima de persecución política.
Debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano debe juzgarlo la CSJ, la cual hasta el momento lleva 12 procesos paralelos y el más inmediato es por supuestos indultos ilegales al terminar su administración.
