Ante el Comité Judicial del Senado, Sessions manifestó que esa era su postura sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés) tanto a nivel personal como fiscal general.
Existente desde junio de 2012, dicha medida concede protección legal, según fuentes oficiales, a unos 800 mil jóvenes contra la posibilidad de ser deportados.
También permite a quienes arribaron sin papeles a Estados Unidos cuando eran niños permanecer en su territorio, y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen diferentes requisitos.
Sin embargo, el Gobierno norteamericano, mediante el secretario de Justicia, anunció el fin del DACA el 5 de septiembre pasado, lo cual desencadenó diversas protestas.
Sessions cuestionó además en esa ocasión la legalidad del mecanismo aprobado por orden ejecutiva del entonces presidente Barack Obama, antecesor del actual ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump.
Previo al mensaje del fiscal general, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional precisaron que no aceptarían nuevas solicitudes de quienes podrían cumplir los requisitos del programa pero no estaban protegidos hasta el momento.
Asimismo, dieron a conocer que los beneficiarios actuales no se verán afectados hasta el 5 de marzo de 2018, y los poseedores de un permiso que expirara entonces tendrían la posibilidad de solicitar hasta el 5 de octubre una renovación de dos años.
Trump decidió rescindir el DACA, y concedió un plazo de seis meses al Congreso para ocuparse del tema, pero no describió cómo desea que el Legislativo lo haga y dejó en manos de senadores y representantes las determinaciones.
Alguien que entra ilegalmente al país, si se les da algún tipo de estatus legal, no debería conseguir todo lo que se suele conceder a la gente que espera adecuadamente y entra legalmente, sostuvo Sessions.
Recordó que Trump ‘ha dejado la puerta muy abierta’ a una solución legislativa, y eso sería algo adecuado que el Congreso podría hacer, agregó.
Al presidente le importa esa gente, pero también cree que la política migratoria de Estados Unidos debería servir al interés nacional y estar más basada en el mérito, acotó.
Expuso que es necesario evaluar la posibilidad de que si la legislación permite a los beneficiarios del DACA obtener permisos de residencia permanente, eso lleve a sus familiares a inmigrar también a este país.
