El proyecto de ley penaliza a las agencias federales que no informen adecuadamente los registros relevantes y ofrece incentivos a los estados para mejorar su informe general al sistema nacional de verificación de antecedentes penales instantáneos.
Introducida por los republicanos John Cornyn (Texas) y Tim Scott (Carolina del Sur), y los demócratas Chris Murphy y Richard Blumenthal (Connecticut), la propuesta también dirige más fondos federales para el informe preciso de los registros de violencia doméstica.
En esa línea, crearía una ‘iniciativa de prevención de violencia doméstica y abuso’, destinada a asegurar que los estados tengan la capacidad y el incentivo de compartir información sobre alguien condenado por esos delitos.
‘Durante años, las agencias y los estados no han cumplido con la ley y han dejado de cargar estos registros críticos sin consecuencias. Un solo registro que no se informe adecuadamente puede llevar a una tragedia, como el país vio en Sutherland Springs, Texas’, expresó Cornyn.
De acuerdo con el senador, este proyecto de ley tiene como objetivo ayudar a solucionar lo que se ha convertido en un problema sistémico en toda la nación, con el fin de evitar ‘que los delincuentes y los abusadores domésticos obtengan armas de fuego’.
La legislación, que también cuenta con el apoyo de las demócratas Dianne Feinstein (California) y Jeanne Shaheen (New Hampshire), y los republicanos Orrin Hatch (Utah) y Dean Heller (Nevada), llega 11 días después del tiroteo en el que fueron asesinadas 26 personas y otras 20 resultaron heridas.
Devin Kelley, identificado como el autor del crimen y muerto después de la matanza, recibió un despido por ‘mala conducta’ de la Fuerza Aérea en 2014 después de ser sometido a un consejo de guerra por cargos de violencia doméstica.
La condena de su corte marcial debía reportarse a la base de datos del Buró Federal de Investigaciones, lo cual le habría hecho más difícil comprar un arma de fuego legalmente.
Sin embargo, los oficiales de la Fuerza Aérea reconocieron que la Oficina de Investigación Especial de la Base Holloman no ingresó la información de Kelley en el sistema.
Ese hecho y el tiroteo masivo ocurrido en Las Vegas el 1 de octubre, cuando fallecieron 58 personas, reavivaron en el país el debate en torno al control de armas, y llevaron a muchos sectores a exigir un examen de antecedentes más estricto.
‘No es ningún secreto que creo que se necesita hacer mucho más. Pero este proyecto de ley garantizará que miles de personas peligrosas no puedan comprar armas’, expresó Murphy, una de las voces que más ha exigido al Congreso actuar sobre este tema.
La propuesta, apuntó, representa la actualización más sólida del sistema de verificación de antecedentes en una década y proporciona la base para un mayor compromiso en el futuro.
