El contingente está integrado por madres y familiares de emigrados, de los cuales se desconoce su paradero o destino, procedentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
La Caravana recorre varios estados mexicanos y en la capital del país marchó por el Paseo de la Reforma.
Frente a la embajada de Estados Unidos responsabilizaron a su gobierno por las políticas de seguridad que van contra los derechos humanos en México y la región.
También se pronunciaron en contra la Ley de Seguridad Interior que aprobaron los legisladores mexicanos y ahora espera por su promulgación.
Dicha ley, aunque fue modificada en algunos de sus acápites, recibe el rechazo de la población al considerarla una estrategia del gobierno con vista a ejercer presión para su permanencia en el poder en las elecciones del 2018.
Este instrumento legal pretende además reglamentar el proceder de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, lo cual implicaría su militarización.
