En el mismo período retornaron de manera espontánea otras 31 mil 601 personas, apunta esta plataforma que reúne a organizaciones gubernamentales para trabajar en la problemática de la migración.
La mayoría de los ciudadanos trabajaba en los sectores de la agricultura y la construcción, en ciudades como Santo Domingo, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Las Matas, Santiago y Neyba.
De acuerdo con el GARR, el 68 por ciento del total son hombres, el 32 por ciento mujeres y 175 menores no estaban acompañados cuando fueron expulsados del país.
Carisal/Comendador es el punto fronterizo que mayor número de haitianos recibió en 2017 con un total de 16 mil 632, seguido de Ouanaminthe/Dajabón con 12 mil 275 personas y Malpasse/Jimaní con cuatro mil 101.
Muchos de los repatriados denunciaron al GARR las precarias condiciones a las que son sometidos, agravadas por la confiscación de sus documentos y objetos de valor, insultos racistas, golpizas, humillaciones, y encarcelamiento.
Incluso, aseveran, algunos de ellos fueron retornados a pesar de tener sus documentos legales en regla, como el caso de un estudiante haitiano con visa válida obligado a regresar en noviembre último.
A esta problemática se suma el número, cada vez más creciente, de haitianos o descendientes de ellos que vuelven voluntariamente, huyendo de las detenciones arbitrarias, la persecución y el hostigamiento a los que son sometidos en República Dominicana.
La situación con los migrantes en la frontera preocupa cada vez más. En 2016 Amnistía Internacional definió el fenómeno como el mayor desplazamiento humano en la historia moderna del Caribe, cuando la cifra alcanzó las 100 mil personas.
El GARR insta al gobierno quisqueyano a respetar el protocolo de acuerdo sobre mecanismos de repatriación rubricado entre Haití y la República Dominicana, el 2 de diciembre de 1999, y convoca a la administración de Juvenel Moise a trabajar por los derechos de todos los haitianos dentro y fuera del país.
