El primer juzgado de Investigación Preparatoria nacional resolvió hacer la solicitud de la entrega de Toledo, investigado por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado.
El expediente será elevado a la Corte Suprema, para una revisión final del pedido, que invoca el tratado bilateral de extradición y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y argumenta que los citados delitos son penados en los dos países.
También plantea que no han transcurrido los plazos de prescripción de 16 años (tráfico de influencias), 20 años (colusión), y 15 años (lavado de activos) establecidos para los delitos por los que Toledo es investigado y tiene una orden de prisión preventiva por 18 meses.
El dictamen señala que Toledo, quien gobernó entre 2001 y 2006, recibió de la empresa Odebrecht un soborno de 20 millones de dólares a cambio del contrato de construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur Perú-Brasil.
Además, añade, el exgobernante usó el dinero, pagado a dos empresas del millonario israelí Yosef Maiman, en operaciones inmobiliarias en Perú.
