El político republicano presentó un plan de acción a raíz del tiroteo masivo ocurrido la semana pasada en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de ese territorio sureño, donde un exalumno de 19 años asesinó a 17 personas e hirió a otras 15.
Durante una conferencia de prensa sobre el tema, Scott expuso un paquete de gastos de 500 millones de dólares para abordar la seguridad escolar y la salud mental.
Al mismo tiempo, manifestó que no apoya la presencia de maestros armados en los campus, algo que sí sugirió el presidente del país, Donald Trump, por lo que su proyecto busca la presencia de guardias entrenados en los centros docentes, uno por cada mil estudiantes.
Scott aseguró que exigirán a todos los compradores de armas de fuego tener 21 años o más (en la actualidad pueden comprarse rifles de asalto a partir de los 18 años), con la excepción de miembros del servicio activo y reservas militares, sus cónyuges y los agentes de la ley.
También prohibirán que una persona posea o adquiera un arma si está sujeta a una orden judicial de protección contra el acoso, el acecho cibernético, y la violencia entre parejas, recurrente, sexual o doméstica.
Asimismo, manifestó que se vetará por completo la compra o venta de los llamados ‘bump stocks’, dispositivos capaces de convertir un arma semiautomática en automática, los cuales fueron empleados por el autor del tiroteo masivo del 1 de octubre en Las Vegas, Nevada.
Quiero que sea virtualmente imposible para cualquier persona que tenga problemas mentales usar un arma, agregó el gobernador, quien adelantó su propósito de crear un programa bautizado como Orden de restricción de amenazas violentas.
A través de ese mecanismo, un tribunal podría prohibir a personas violentas o mentalmente enfermas comprar o poseer un arma de fuego o cualquier otra cuando un miembro de la familia, un experto en bienestar comunitario o un agente del orden publique una solicitud jurada y presente evidencia.
Según Scott, trabajará agresivamente con la legislatura estatal durante las próximas dos semanas para lograr la implementación del plan.
Aunque Florida es un bastión de los defensores de los derechos a portar armas, el estado se encuentra en el medio del debate nacional sobre la necesidad de mayores regulaciones a raíz de la masacre en la Marjory Stoneman Douglas.
