El magistrado de distrito Dana Sabraw, ubicado en California, dijo sentirse exasperado por el lento trabajo del Gobierno federal para reunir a los casi tres mil niños separados de sus padres.
Durante una audiencia celebrada este lunes como parte de una demanda interpuesta contra la separación de familias por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Sabraw ordenó la pausa en las deportaciones para permitir un argumento completo sobre una solicitud de esa agrupación.
Según documentos presentados por la ACLU hoy, los abogados estaban preocupados por las deportaciones masivas que pueden ocurrir después de la reunificación de los niños de cinco a 17 años con sus padres.
Por eso, pidieron que esas personas no sean sacadas del país al menos en la semana siguiente al reencuentro familiar para dar tiempo a garantizar que ningún núcleo sea retirado del territorio norteamericano de manera inapropiada.
Sabraw manifestó que se debe detener temporalmente cualquier deportación durante siete días hasta que el Gobierno pueda responder a la moción de la organización.
Por su parte, administración de Trump dio a conocer que completó la reunificación con sus progenitores de todos los niños elegibles menores de cinco años, y que lleva a cabo de forma continua el proceso para los mayores de esa edad.
El mismo juez fijó el 10 de julio como fecha límite para regresar al lado de sus padres al centenar de infantes pequeños separados, pero el ejecutivo no pudo cumplir con ese plazo y argumentó que, por diversos motivos, poco más de la mitad de esos menores eran elegibles para la reunificación.
Sabraw dispuso el 26 de julio como plazo para proceder de igual modo con los mayores de cinco años, de los cuales dos mil 551 seguían el fin de semana bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
En sus pronunciamientos de este lunes el magistrado también se refirió a las palabras de Chris Meekins, un alto funcionario del HHS, quien la semana pasada indicó que los plazos dados por la corte estaban llevando a ‘mayores riesgos para el bienestar infantil’.
De acuerdo con Sabraw, las afirmaciones de Meekins eran ‘profundamente preocupantes’ y ‘completamente inútiles’ para lo que había sido un espíritu mutuo de buena fe entre las dos partes.
Según el juez, lo expuesto por el funcionario parecía un esfuerzo para desviar la culpa de cualquier daño causado a los niños como resultado de la política de separación familiar del Gobierno.
