Durante la reanudación este lunes de la fase intermedia de la causa, tras dos semanas de receso, el magistrado decidió mantener la reserva del declarante identificado con el número 8430145, basado en que el Código Procesal Penal contempla esta medida de protección y en ninguna de sus partes ‘obliga al juzgador o fiscal a descubrirla’.
Recordó que esa persona recibió amenazas contra él y su familia ‘por el conocimiento de los hechos’, relacionados con la interceptación ilegal de las telecomunicaciones a más de un centenar de personas, por lo que el fiscal solicitó que ‘se mantenga la reserva’ de la identidad.
Díaz aseguró que las correcciones planteadas por la defensa exceden lo que un escrito de acusación debe incluir, pero en atención al ‘principio de la buena fe’ accedió a varias de ellas.
También ‘se ampliaron los conceptos, pero sin alterar la acusación original’ a Martinelli, quien deberá enfrentar cuatro delitos, cuya pena en su totalidad suman 21 años de prisión.
En la acusación entregada hoy ‘se explican claramente las conductas relacionadas con el delito de la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad’, y cómo funcionarios del Consejo de Seguridad ‘reportaban u obedecían directamente a Ricardo Martinelli, a quien entregaban ‘información que no era revelada a otro funcionario’ de ese organismo, acotó Díaz.
A juicio del fiscal, la mayoría de las peticiones presentadas por la defensa como correcciones ‘corresponden a la fase de juicio oral’, entre ellas la descripción de los procedimientos que siguieron los peritos informáticos.
Tras la intervención de Díaz, uno de los abogados del expresidente, Sidney Sittón, solicitó un receso hasta mañana, a lo que accedió el magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, pese a la negativa de los querellantes.
‘Me interesa que cualquier duda que tenga la defensa, por inocua que sea, sea aclarada en esta fase intermedia’, expresó Mejía, quien destacó la ‘labor encomiable’ del fiscal Díaz y pidió paciencia a los demandantes.
Martinelli está detenido en una cárcel de mínima seguridad, ubicada en las afueras de la ciudad capital, desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en espera de la extradición por las escuchas telefónicas ilegales.
El exmandatario es acusado por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, seguimiento, persecución y vigilancia sin orden judicial, peculado por sustracción y de uso.
Díaz reiteró que tiene las pruebas que vinculan a Martinelli con la intervención de telecomunicaciones, sustracción de equipos y de dar directrices a funcionarios que utilizaron las instalaciones del Consejo de Seguridad para interceptar comunicaciones privadas a beneficio del expresidente.
