Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra 25 acusados de participar en un supuesto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) en la República Dominicana fue aplazada hoy hasta el próximo miércoles.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la continuación del proceso para las 14:00, hora local, del 23 de septiembre, después de que los abogados de la defensa solicitaran tiempo para examinar las evidencias presentadas por el Ministerio Público.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que los fiscales acudieron preparados para sustentar el requerimiento, pero el tribunal acogió el pedido de las defensas.
Ortiz señaló que entre los hallazgos de la investigación figuran autorizaciones médicas que fueron facturadas y cobradas a Senasa, aunque los procedimientos correspondientes no fueron realizados.
De acuerdo con la acusación, la presunta operación habría involucrado a antiguos empleados de la aseguradora y médicos que disponían de códigos para brindar servicios a los afiliados, quienes supuestamente utilizaron esos mecanismos para obtener de forma irregular recursos públicos.
La solicitud de medidas de coerción también atribuye a los imputados presuntas maniobras como la omisión de información en registros médicos y falsificación de firmas.
La investigación incorporó además a la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó este lunes a las autoridades y contra quien el Ministerio Público depositó una nueva solicitud de medidas de coerción.
Ortiz explicó que la inclusión de la especialista en el expediente contribuyó al aplazamiento de la audiencia.
El caso, denominado Senasa 2.0-A, involucra principalmente a médicos y a otros profesionales de la salud, y forma parte de una investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en el manejo y pago de servicios con recursos del seguro público.
