Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La justicia dominicana mantuvo hoy la prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Santiago Hazim y otros cuatro imputados en una investigación por presunto fraude millonario contra esa institución pública
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ratificó la medida contra Hazim, quien dirigió la entidad, así como contra Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Gustavo Enrique Messina Cruz y Ramón Alan Speakler Mateo.
En cambio, el magistrado dispuso variar la medida de coerción de Rafael Luis Martínez Hazim, a quien impuso arresto domiciliario, una garantía económica de 15 millones de pesos (unos 230 mil dólares), impedimento de salida del país y un dispositivo electrónico de localización.
Durante la audiencia, el juez explicó que tomó en cuenta nuevos elementos presentados por la defensa y que el imputado no figura como accionista en las operaciones ilícitas investigadas.
Los cinco procesados a quienes se les mantuvo la prisión preventiva continuarán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
El caso involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), la administradora pública de riesgos de salud que ofrece cobertura médica a millones de dominicanos, y se refiere a presuntas irregularidades en el manejo de sus recursos.
La investigación, denominada Operación Cobra, fue puesta en marcha por el Ministerio Público en diciembre de 2025, con allanamientos y detenciones de antiguos funcionarios, empresarios y otros vinculados a la institución.
Según las imputaciones del órgano acusador, el supuesto entramado habría utilizado distintas operaciones irregulares para desviar fondos públicos, mediante contratos, pagos y servicios cuestionados.
Hazim fue separado de la dirección de Senasa en agosto de 2025. Desde entonces, el proceso ha avanzado con la imposición de medidas de coerción contra los señalados.
El juez fijó para el próximo 26 de noviembre la lectura íntegra de la decisión judicial. Los procesados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que establezca su responsabilidad penal.
