El magistrado Andrew Hanen, del Tribunal Federal de Distrito en Houston, Texas, consideró que esa iniciativa de la administración de Barack Obama (2009-2017), la cual protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados traídos a este país en su niñez, probablemente sea ilegal.
Pero a pesar de eso, decidió no emitir un fallo que hubiera bloqueado inmediatamente la continuación del DACA, cuyo futuro está en duda desde que el presidente Donald Trump anunció en septiembre de 2017 que le pondría fin.
La decisión del gobernante fue bloqueada por varios jueces federales, quienes requirieron que de forma temporal la administración permitiera a los beneficiarios renovar su estatus.
Sin embargo, Texas y otros ocho estados entablaron una demanda por separado para declarar ilegal el DACA y solicitar una orden judicial para detenerlo, que fue lo que dio lugar al fallo de Hanen.
De acuerdo con el magistrado, no debería ser abruptamente terminado el programa que en la actualidad protege a aproximadamente 600 mil inmigrantes y les permite estudiar o trabajar legalmente en este país.
Es un gran suspiro de alivio, consideró Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, quien agregó que la determinación del magistrado es una gran derrota para Trump y el Departamento de Justicia.
Pero aunque Hanen rechazó la solicitud de momento, su inclinación a invalidar el programa contribuye a que el caso llegue de forma rápida a la Corte Suprema del país en los meses venideros, señaló la cadena CNN.
Según el juez, uno de los motivos para rechazar la petición es que Texas y los demás estados esperaron más de cinco años después de la implementación para presentar esta demanda, lo cual los hizo perder la capacidad de reclamar por daños inmediatos.
Además, dictaminó que aunque los demandantes podrían demostrar que fueron perjudicados por la continuación del mecanismo, principalmente en los costos de los beneficios para los indocumentados, las posibles consecuencias de terminarlo de forma abrupta serían más graves.
En medio de estas disputas legales, Hincapié, citada por The New York Times, reconoció que los beneficiarios siguen viviendo en un limbo legal hasta el momento. ‘Al final del día, necesitamos una solución permanente’, dijo.
