Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó hoy que el paro de labores de jueces y funcionarios del Poder Judicial evidencia las distorsiones y falta de coordinación que afectan el sistema legal dominicano.
La entidad consideró que las limitaciones presupuestarias impiden alcanzar resultados óptimos en el proceso de transformación judicial, iniciado tras la reforma constitucional de 1994.
En una declaración firmada por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, Finjus sostuvo que el incumplimiento de la Ley 194-04, que estableció los porcentajes del Presupuesto que deben recibir el Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados), Poder Judicial y Cámara de Cuentas, redujo de forma significativa los recursos asignados al primero.
Indicó que esa legislación establece que ese organismo debe recibir el 2.66 por ciento de los ingresos públicos, pero aseguró que en 2025 solo percibió el equivalente al 0.96 por ciento.
La organización señaló que esa situación afecta áreas clave como las condiciones laborales, el equipamiento, la innovación tecnológica y la gestión institucional.
Finjus consideró justos los reclamos de jueces y servidores judiciales y pidió atenderlos con urgencia para evitar un mayor deterioro del servicio de justicia.
Asimismo, llamó al Consejo del Poder Judicial y a los distintos sectores judiciales a iniciar un proceso de diálogo para consensuar una propuesta de readecuación presupuestaria que permita enfrentar la crisis actual.
La entidad advirtió que el país no puede descuidar el sistema de justicia, al considerar que es fundamental para garantizar seguridad, estabilidad institucional y confianza social.
Jueces y servidores judiciales realizaron el jueves pasado un paro nacional de labores en tribunales del país para exigir mejores salarios, más personal y condiciones dignas de trabajo.
La movilización fue convocada por la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales y la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa).
Durante la jornada, las asociaciones que respaldaron la protesta denunciaron el deterioro de las condiciones laborales y administrativas.
Entre las principales dificultades señalaron la falta de personal administrativo, déficit de magistrados, bajos sueldos, diferencias salariales, sobrecarga laboral, deterioro de las infraestructuras judiciales y deficiencias en la seguridad de los palacios de justicia.
También alertaron que más de 557 servidores judiciales renunciaron este año y las plazas no han sido cubiertas, por lo que muchos empleados deben asumir las funciones de varios trabajadores.
