Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de la República Dominicana fue apoderado hoy de una solicitud «de extrema urgencia» para suspender de manera provisional las restricciones de la Junta Central Electoral (JCE) a la publicación de encuestas políticas.
La acción busca dejar sin efecto el artículo décimo tercero de la Resolución núm. 14-2026, que establece el reglamento para el registro de firmas encuestadoras y la difusión de sondeos en materia electoral.
Los accionantes piden que se permita la libre circulación y divulgación de estos estudios de opinión, así como la detención de posibles sanciones, cancelaciones o medidas contra empresas encuestadoras, partidos, medios de comunicación y comunicadores.
La demanda fue interpuesta por la organización Justicia Sin Fronteras, representada por el abogado Harrison Féliz Espinosa, ante la Secretaría del TSE.
La instancia sostiene que la reciente resolución de la JCE constituye un “exceso de poder reglamentario”, al imponer limitaciones que, según alegan, no están previstas en la Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
De acuerdo con el recurso, mantener la medida genera un efecto de autocensura y limita la libertad de expresión, el derecho a la información política y el pluralismo democrático.
El documento advierte que la JCE estaría facultada para aplicar sanciones de manera inmediata a las firmas que incumplan la disposición, lo que —según los accionantes— podría causar daños irreversibles al debate público mientras se conoce el fondo del caso.
Se espera que la Secretaría del TSE fije en las próximas horas la audiencia para conocer la solicitud de medidas cautelares.
La JCE aprobó recientemente un reglamento que prohíbe la difusión de encuestas fuera del período legal de precampaña y campaña, establece sanciones para las empresas que incumplan la medida y obliga a las encuestadoras a registrarse ante el organismo electoral.
La normativa contempla suspensiones de entre seis meses y un año para las entidades que publiquen estudios antes de julio de 2027, e incluso la cancelación definitiva del registro en caso de reincidencia.
El reglamento ha generado cuestionamientos entre juristas y especialistas, quienes consideran debatible que una resolución administrativa limite la difusión de información política y mediciones de opinión protegidos por la libertad de expresión.
El fin de semana pasado el expresidente dominicano Danilo Medina calificó como “sumamente sospechosa” la decisión de la JCE y consideró que la medida busca evitar que la población conozca “el descalabro” electoral del oficialismo.
El también presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó que la disposición no se aplicara en las elecciones de 2024 y aseguró que entonces se utilizaban sondeos semanales para proyectar una imagen de fortaleza del Gobierno.
En cambio, el también partido opositor Fuerza del Pueblo (FP) saludó la decisión de la JCE al considerar que dichos sondeos buscan crear una falsa percepción ante el electorado e inducir el voto de los dominicanos a favor de un partido o un candidato determinado.
El delegado Político ante la JCE, Manuel Crespo, recordó que el 28 de mayo de 2025 la Fuerza del Pueblo sometió una instancia a los fines de que el órgano electoral tomara medidas y aprobara un reglamento para controlar el uso indebido de las encuestas en la República Dominicana, fuera del periódico de la precampaña y la campaña electoral.
