Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana, Milton Ray Guevara, advirtió hoy que aplazar la entrada en vigor del nuevo Código Penal favorecería el avance de la delincuencia.
Guevara sostuvo que posponer su aplicación dejaría a la ciudadanía sin herramientas jurídicas más eficaces para enfrentar la criminalidad.
El jurista rechazó la propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que planteó aplazar la implementación de la legislación para someterla a una nueva revisión.
Ray Guevara sostuvo que el país necesita con urgencia un nuevo Código Penal y recordó que la iniciativa permaneció varios años en debate.
A su juicio, aunque el texto pueda contener cuatro o cinco disposiciones susceptibles de perfeccionamiento, esas diferencias no justifican retrasar la aplicación de toda la norma.
El exmagistrado subrayó que el nuevo Código incorpora alrededor de 40 nuevos tipos penales que permitirían sancionar delitos que hoy no están contemplados adecuadamente en la legislación vigente, entre ellos los feminicidios y los ataques con sustancias corrosivas.
Asimismo, consideró que esas figuras penales son esenciales para fortalecer la convivencia ciudadana y responder a modalidades delictivas que afectan a la sociedad.
El mandatario dominicano, Luis Abinader, promulgó el 3 de agosto de 2025 el nuevo Código Penal, que sustituye la legislación que rigió desde 1884.
Tras décadas de intentos fallidos, la pieza actualiza la antigua legislación de más de un siglo y se erige como una pieza clave para la protección de los derechos de las personas, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la persecución efectiva de los delitos, según la versión oficial.
Entre los avances de la pieza, que debe entrar en vigencia en agosto de este año, figuran la tipificación de delitos como el sicariato, la violencia económica, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada y la instigación al suicidio.
También eleva las penas de prisión hasta 40 años e incluso hasta 60 años en caso de infracciones graves.
En su momento, decenas de organizaciones sociales, políticas y defensores de los derechos humanos, pidieron al mandatario observar la Ley Orgánica que modifica el Código Penal por considerar que, si bien incorpora nuevos tipos penales, también representa un retroceso democrático al no contemplar, por ejemplo, tres causales para el derecho al aborto.
