Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Confederación Sindical Unión Clasista de Trabajadores (UCT) de República Dominicana denunció hoy que el Gobierno decidió reintroducir un proyecto de modificación del Código de Trabajo, que constituye una nueva ofensiva contra los derechos conquistados por los obreros.
La UCT sostuvo en una declaración enviada a Prensa Latina que esa iniciativa no constituye una reforma para modernizar las relaciones laborales ni para mejorar las condiciones de vida de quienes viven de su trabajo.
Por el contrario, responde a una lógica que pretende trasladar el peso de la crisis económica sobre los hombros de los asalariados, debilitando garantías adquiridas durante décadas de lucha de la clase trabajadora, indicó.
La UCT responsabilizó al gobierno de Luis Abinader por insistir en impulsar una propuesta que reabre discusiones que ya habían sido debatidas y que preservaban la cesantía.
Asimismo, responsabilizó a los congresistas que promueven la aprobación acelerada de esa iniciativa, sin importarles los retrocesos que puedan producirse en los derechos laborales.
El Congreso Nacional no puede convertirse en el instrumento mediante el cual se legalicen nuevas formas de precarización del trabajo; por el contrario, debe ser garante de los derechos de la clase portadora de la riqueza del país, dijo la UCT en la declaración suscrita por su secretario general, Juan Núñez, y por el secretario de Propaganda, José Encarnación.
Alertó que uno de los aspectos más preocupantes del proyecto es la modificación del artículo 86 del Código de Trabajo, relativo al pago oportuno de las prestaciones laborales y a las consecuencias jurídicas para los patronos que incumplan esa obligación.
Sostuvo que debilitar esta disposición significa reducir los mecanismos de protección frente a prácticas abusivas que históricamente han afectado a miles de trabajadores.
Señaló que el verdadero debate debe ir mucho más allá de un artículo específico. Lo que hoy está en discusión es el modelo de relaciones laborales que tendrá la República Dominicana en los próximos años, afirmó.
De acuerdo con la UCT, mientras se pretende reducir derechos laborales, el país enfrenta graves problemas estructurales, entre estos, salarios precarios y deprimidos frente al alto costo de la vida, crecimiento de la informalidad, tercerización del empleo y dificultades para ejercer la libertad sindical.
Asimismo, mencionó el incumplimiento de la legislación laboral por parte de numerosos empresarios y una débil capacidad del Estado para garantizar el respeto efectivo de los derechos de los trabajadores.
La UCT reafirmó que resulta inaceptable que, en lugar de enfrentar estos problemas, se pretenda presentar como solución la reducción de garantías laborales.
Manifestó que la competitividad de una economía no puede construirse sobre la base del sacrificio de la clase trabajadora, sino mediante el incremento de la productividad, la inversión, la innovación, el fortalecimiento institucional y una distribución más justa de la riqueza que producen millones de dominicanos.
Los derechos laborales nunca han sido concesiones otorgadas por ningún gobierno ni por el sector empresarial; son conquistas alcanzadas mediante huelgas, movilizaciones, persecuciones, despidos, encarcelamientos y enormes sacrificios realizados por generaciones de trabajadores y trabajadoras, especificó.
La UCT consideró que esta iniciativa forma parte de una política que privilegia los intereses del gran capital por encima de los derechos sociales.
Denunció que se pretende flexibilizar las relaciones laborales mientras se mantienen intactos los privilegios de los grandes grupos económicos.
Instó a las organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones, organizaciones campesinas, estudiantiles, comunitarias, juveniles, de mujeres, movimientos populares y a todos los sectores democráticos comprometidos con la justicia social a construir una amplia unidad de acción en defensa de los derechos laborales del país.
