Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Bicameral que estudia el Código Penal dominicano cerrará hoy, a las 18:00 hora local, el plazo para que ciudadanos, organizaciones e instituciones presenten observaciones al proyecto.
El órgano legislativo recibió decenas de propuestas de modificación, entre ellas un proyecto remitido por el presidente Luis Abinader que plantea cambios a 18 artículos, los cuales serán analizados antes de su votación en la Cámara de Diputados.
La comisión, presidida por el diputado Wandy Batista, evaluará las sugerencias en menos de 48 horas, lo cual generó críticas de dirigentes políticos y juristas por el poco tiempo para examinar las recomendaciones.
El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, consideró que recibir propuestas este miércoles y aprobar el proyecto al día siguiente sería «una falta de respeto a la ciudadanía».
Entre las iniciativas entregadas figura la del defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien propuso revisar las penas aplicables a delitos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó observaciones sobre ocho artículos, al estimar que estos pueden afectar la libertad de prensa y el ejercicio periodístico, según Listín Diario.
Las disposiciones sobre difamación, injuria y ultraje figuran entre los aspectos más cuestionados del proyecto y han motivado protestas ciudadanas, incluidos los llamados «cacerolazos».
La comisión bicameral busca tener listo su informe mañana para que el pleno de la cámara baja lo trate el propio día. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó a medios de prensa locales que habrá sesión este jueves a las 13:00, hora local, y que, si es necesario, se convocará otra el viernes para concluir el trámite.
El Congreso dispone hasta el 26 de julio, fecha en que concluye la actual legislatura ordinaria, para aprobar de manera definitiva el Código Penal.
De no hacerlo, el presidente Abinader tendría que convocar una legislatura extraordinaria antes de la entrada en vigor de la normativa, prevista para el 3 de agosto.
