Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El debate sobre cómo enfrentar la delincuencia cobra actualidad hoy en República Dominicana, donde juristas nacionales y extranjeros cuestionan la prisión preventiva y el aumento de las penas como respuestas a la violencia.
Las advertencias se producen en el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, que concluirá este miércoles en esta capital.
Aunque las autoridades dominicanas reportan una reducción de los homicidios, la seguridad ciudadana continúa entre las principales preocupaciones de la población, y persisten hechos violentos y delitos que demandan respuestas por parte de las instituciones.
La Fuerza de Tarea Conjunta informó que la tasa acumulada de homicidios se situó en 7.41 por cada 100 mil habitantes al cierre de agosto, inferior al 8.39 por ciento registrado en el mismo período de 2025.
En ese contexto, los especialistas reunidos en el congreso plantearon que la respuesta estatal frente al crimen debe apoyarse más en la prevención, la capacidad investigativa y la inteligencia que en el endurecimiento de las sanciones o el encarcelamiento como solución predominante.
El jurista dominicano Francisco Álvarez sostuvo que las deficiencias institucionales han llevado a distintas partes del sistema a recurrir a respuestas extremas para compensar problemas que no han podido solucionar.
«La Policía los mata en la calle y el tribunal los manda a prisión preventiva. Como los sistemas no están coordinados y cada uno por sí solo no funciona, cada institución cree que tiene que asumir la postura que le parece para resolver el problema», afirmó.
Álvarez vinculó el uso excesivo de la prisión preventiva con las dificultades del sistema para localizar a personas que se sustraen de los procesos y sostuvo que mantenerlas encarceladas termina funcionando como una garantía de continuidad del expediente.
También rechazó que el aumento de las condenas constituya por sí mismo una solución a la criminalidad. A su juicio, el debate debe concentrarse en lo que hacen las instituciones para prevenir los delitos y desarrollar investigaciones sólidas.
En la misma línea, el jurista argentino Alberto Binder planteó que las nuevas formas de criminalidad exigen fortalecer la inteligencia y la planificación de la persecución penal.
Cuestionó las propuestas que ofrecen soluciones inmediatas mediante un mayor ejercicio del poder punitivo y advirtió sobre los riesgos de utilizar situaciones de emergencia para debilitar el Estado de derecho.
Por su parte, el catedrático español Manuel Cancio Meliá sostuvo que se atribuyen al derecho penal capacidades que no posee para solucionar fenómenos complejos de criminalidad y consideró insuficiente la simple elevación de las penas.
El constitucionalista dominicano Eduardo Jorge Prats centró su intervención en el «populismo penal» y describió a República Dominicana como un «gran laboratorio de anatomía patológica» de ese fenómeno.
Jorge Prats cuestionó la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales sobre las decisiones y procesos judiciales, al considerar que pueden favorecer condenas anticipadas y juicios paralelos.
El VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional y dedicado este año al debido proceso en materia penal, concluye hoy tras dos jornadas de debates sobre los desafíos de la justicia frente a la criminalidad y la protección de las garantías fundamentales.
