Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La violencia y la criminalidad centraron el debate en el Congreso dominicano, donde legisladores de oposición y oficialismo plantearon hoy la necesidad de un diálogo nacional para buscar respuestas ante los recientes hechos delictivos.
Aunque con posiciones diferentes sobre la estrategia aplicada por el Gobierno, la propuesta reúne a congresistas de distintas fuerzas.
Legisladores opositores consideran clave revisar las políticas de seguridad, mientras representantes oficialistas reconocen la pertinencia de adoptar medidas y plantean involucrar a distintos sectores de la sociedad.
El debate ocurre después de una serie de muertes registradas durante intervenciones de agentes de la Policía Nacional.
Un recuento de Diario Libre elevó a 27 los fallecidos en ese tipo de actuaciones hasta el pasado 21 de septiembre, cifra que casi duplica las 14 muertes registradas en todo ese mes de 2025, según el Boletín Estadístico de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía.
La Policía atribuye varios de esos fallecimientos a enfrentamientos con personas buscadas por las autoridades, quienes, según los informes oficiales, habrían disparado contra los agentes durante los operativos.
En el Congreso, algunos legisladores defienden la respuesta de los agentes frente a personas vinculadas con hechos delictivos, mientras otros cuestionan que las intervenciones terminen con la muerte de los perseguidos.
El llamado al diálogo también es formulado desde otros sectores políticos, y el expresidente Leonel Fernández propuso convocar a diferentes actores ante estos sucesos.
Mientras el debate continúa, la Pastoral de Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo inició frente al Congreso una jornada de oración de 40 días contra la violencia y la criminalidad.
El sacerdote Cruz Campusano cuestionó el discurso oficial sobre la delincuencia y defendió el derecho a la vida de las personas fallecidas durante enfrentamientos con uniformados.
Este tema coincide, además, con las discusiones del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, en el cual juristas nacionales y extranjeros cuestionaron el uso excesivo de la prisión preventiva, el aumento de las penas y las políticas de “mano dura” como respuestas frente a la delincuencia, y plantearon fortalecer la prevención, la investigación y la inteligencia.
