Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó hoy el esclarecimiento del presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y demandó identificar a los responsables, así como determinar el destino de los recursos públicos presuntamente sustraídos
Carlos Manzano, secretario de Administración Pública del PLD, consideró que las actuaciones anunciadas por el Ministerio Público no satisfacen las demandas de una sociedad que reclama respuestas sobre la dimensión del caso y sus responsables.
El dirigente opositor preguntó quiénes fueron los dirigentes políticos, funcionarios o intermediarios que supuestamente recibieron recursos, a quiénes fueron entregados y qué cantidades habrían sido distribuidas.
“Se trata de exigir que la investigación guarde correspondencia con la magnitud de los hechos denunciados y que no se limite a mostrar resultados parciales”, afirmó Manzano en declaraciones difundidas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
El pronunciamiento se produce mientras continúa esta semana la audiencia de medida de coerción contra 26 imputados de la denominada operación Senasa 2.0, nueva fase de la investigación sobre presuntas irregularidades en la aseguradora estatal.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo. La audiencia, iniciada el miércoles, fue recesada luego de más de ocho horas de exposición y continuará mañana.
La acusación presentada por los fiscales consta de 525 páginas y, según el órgano persecutor, describe una estructura en la que habrían participado empleados y exempleados de Senasa y profesionales de la salud para generar y tramitar autorizaciones y reclamaciones médicas presuntamente fraudulentas.
La nueva fase comenzó el 18 de septiembre con allanamientos en distintos puntos del país y el arresto de médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas.
La Procuraduría informó entonces sobre 37 allanamientos y 28 arrestos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
El Ministerio Público ha señalado que la investigación general continúa abierta. La primera fase, derivada de la denominada Operación Cobra, recibió a principios de septiembre una nueva prórroga hasta el 11 de diciembre para concluir las pesquisas y presentar la acusación correspondiente.
El caso permanece en fase judicial y las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por los tribunales.
