Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La comisión especial del Senado dominicano encargada de estudiar el proyecto de Ley Orgánica de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental avanzó en el análisis de la iniciativa, informó hoy ese órgano.
Durante la reunión, los senadores dieron lectura al proyecto y acordaron iniciar en el próximo encuentro la evaluación de los artículos que lo conforman, explicó el presidente de la comisión, Odalis Rodríguez.
La propuesta, presentada por el Poder Ejecutivo, busca convertir a la referida Dirección en un órgano autónomo y descentralizado del Estado, encargado de desarrollar, implementar, regular y supervisar el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública.
La iniciativa fue depositada en el Senado en junio de este año y plantea sustituir a la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, creada en 2012 mediante decreto presidencial, por una entidad con rango de ley orgánica y mayores atribuciones institucionales.
Entre las funciones previstas figuran la recepción e investigación de denuncias, la aplicación de sanciones administrativas y la protección de denunciantes, informantes y testigos.
La iniciativa también contempla mecanismos para el resguardo de datos personales y establece un régimen de sanciones que puede incluir multas, destitución e inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas en los casos más graves.
Asimismo, establece que los funcionarios y servidores públicos deberán presentar una declaración de conflictos de intereses dentro de los 30 días siguientes a la asunción de sus cargos.
El proyecto pretende integrar, bajo un mismo sistema, políticas relacionadas con la transparencia, el acceso a la información, los datos abiertos, los conflictos de intereses y la prevención de la corrupción.
La comisión especial ya había escuchado en julio a representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Administración Pública.
El proyecto continúa ahora su trámite en el Senado, donde la comisión deberá revisar su articulado antes de presentar sus conclusiones al pleno.
