Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El reclamo de mayores controles al uso de la fuerza por parte de la Policía cobró fuerza hoy en República Dominicana, donde organizaciones cuestionan las muertes durante operativos contra personas vinculadas presuntamente con hechos delictivos.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal pidió al presidente Luis Abinader que dispusiera un «alto al fuego» ante los decesos registrados en actuaciones de los agentes y reclamó investigaciones independientes sobre los casos reportados como intercambios de disparos.
Insistió en que su reclamo pretende proteger el derecho a la vida y no justificar las acciones delictivas.
Cándido Simón, representante del organismo, reconoció que la Policía tiene facultades para identificar y detener a individuos en conflicto con la ley, pero sostuvo que esas atribuciones no incluyen quitarles la vida.
El abogado Manuel Sierra, por su parte, recordó que la Constitución dominicana prohíbe la pena de muerte.
En esa misma línea, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, también advirtió que la lucha contra la criminalidad no puede justificar ejecuciones extrajudiciales y llamó a garantizar que las actuaciones policiales se ajusten a la Constitución y las leyes.
El jurista recordó que el artículo 37 de la Carta Magna protege el derecho a la vida y señaló que los uniformados deben diferenciar entre una amenaza real e inminente y aquellas situaciones en las que no está justificado recurrir a la fuerza letal.
Castaños Guzmán reconoció la necesidad de que los policías cuenten con respaldo legal e institucional para cumplir sus funciones, pero consideró que este debe estar acompañado de controles y mecanismos de rendición de cuentas.
A estos cuestionamientos se sumó el Movimiento Popular Dominicano (MPD), que llamó a las autoridades a detener los «derramamientos de sangre» derivados, según afirmó, del uso excesivo e ilegal de la fuerza.
La organización sostuvo que la criminalidad no puede combatirse con más violencia ni mediante actuaciones al margen de los procedimientos legales.
El MPD situó en alrededor de 50 el número de civiles muertos durante septiembre en los denominados intercambios de disparos entre presuntos delincuentes y agentes de la Policía Nacional, y afirmó que más de 180 personas han fallecido por esa causa en lo que va de año.
La víspera, el presidente Abinader reiteró su llamado a las personas contra las cuales existen órdenes de arresto para que se entreguen a las autoridades y aseguró que la Policía trabaja en su localización.
El mandatario afirmó además que el Gobierno continuará fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional con el propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias.
El debate se produce en un contexto de preocupación por la delincuencia y, paralelamente, de cuestionamientos de sectores jurídicos y sociales sobre los límites de la actuación de los militares y la necesidad de preservar las garantías constitucionales durante la persecución del delito.
