Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) volvió esta semana a la agenda dominicana tras la imposición de medidas de coerción a 26 imputados en la denominada Operación Cobra 2.0-A, por un presunto fraude contra la aseguradora estatal.
El juez Rigoberto Sena aplicó prisión preventiva de 18 meses a ocho de los procesados, mientras nueve deberán cumplir arresto domiciliario y otros nueve quedaron sometidos a distintas medidas, entre ellas garantías económicas, impedimento de salida y presentación periódica. El expediente fue declarado complejo.
La decisión judicial se produjo tras varios días de audiencias, durante los cuales el Ministerio Público presentó cientos de elementos probatorios y sostuvo que 13 de los imputados admitieron los hechos que se les atribuyen.
SeNaSa es la aseguradora pública de salud de República Dominicana y administra los principales regímenes de cobertura estatal dentro del sistema de seguridad social, por lo que el proceso tiene particular repercusión en el país.
La nueva investigación comenzó a mediados de septiembre con 37 allanamientos en distintos puntos del territorio nacional y el arresto de médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas vinculadas al sector.
El Ministerio Público identificó esta fase como Operación Cobra 2.0-A y sostiene que los investigados habrían utilizado autorizaciones y documentación relacionadas con servicios médicos para generar cobros a SeNaSa por prestaciones que no fueron realizadas.
La Fiscalía cuantificó en más de 40 millones de pesos (unos 670 mil dólares) los recursos presuntamente sustraídos mediante este esquema, aunque la pesquisa continúa abierta y la cifra podría variar conforme avance el proceso.
La indagatoria forma parte de un expediente más amplio iniciado con la primera Operación Cobra, en la que fueron procesados, entre otros, el exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros imputados.
El proceso ha colocado nuevamente a SeNaSa en el centro de la agenda nacional y mantiene bajo escrutinio los mecanismos de control utilizados para autorizar, prestar y facturar servicios médicos a través de la aseguradora.
