Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio dominicano de Medio Ambiente desmontó 73 estructuras ilegales levantadas en cuatro puntos del Monumento Natural Hoyo Claro, un área protegida de la provincia La Altagracia, en el este del país, se informó hoy.
La operación se desarrolló en la zona de Verón, distrito municipal cercano a los polos turísticos de Bávaro y Punta Cana, y contó con la participación del Ministerio Público, del Servicio Nacional de Protección Ambiental, del Ejército y de la Dirección de Migración.
Hoyo Claro ocupa unos 39,3 kilómetros cuadrados y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La categoría de Monumento Natural comprende espacios que contienen elementos ambientales singulares de importancia nacional y que requieren cuidado especial.
El área protegida reúne un sistema de humedales y lagunas en la llanura costera del Caribe, además de ciénagas, praderas de eneas y bosques de palma cana. También comprende parte de La Jarda, una formación de roca caliza con cavernas, y conserva uno de los escasos remanentes de bosque primario de la zona oriental de la isla.
Durante la intervención, técnicos de Fiscalización Ambiental y representantes de la Dirección Jurídica acompañaron las actuaciones. Entre las construcciones retiradas había una edificación de concreto y otra que solo tenía levantadas las columnas.
Según la Dirección de Fiscalización Ambiental, las estructuras presentaban señales de abandono poco antes de la llegada de las autoridades. En el lugar fueron encontrados incluso calderos con alimentos en proceso de cocción, aunque no había personas.
El Ministerio de Medio Ambiente afirmó que mantendrá una política de tolerancia cero frente a las ocupaciones ilegales y otras infracciones en áreas protegidas, y anunció que continuará la vigilancia de los puntos intervenidos para evitar nuevas construcciones.
La operación se inscribe además en la aplicación del Decreto 615-26, emitido en septiembre pasado, que declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica la prevención y el combate del denominado «terrorismo medioambiental» y estableció mecanismos de coordinación entre instituciones estatales para enfrentar agresiones graves contra los recursos naturales.
La disposición contempla entre los espacios bajo especial protección los sistemas de áreas protegidas, humedales, manglares, cuencas hidrográficas y otros ecosistemas considerados estratégicos.
