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Demandan paralizar construcción de plantas de generación eléctrica en área protegida de Manzanillo

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Por Servicios de Primermomento.com

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Al mediodía del viernes pasado, representantes de organizaciones ambientales y comunitarios de Manzanillo celebraron una rueda de prensa y depositaron una querella en la Procuraduría Regional de Medio Ambiente de Montecristi, en esta ciudad de Montecristi, provincia Montecristi, demandando la inmediata suspensión de la construcción de dos plantas de generación eléctrica de 430 megavatios cada una, ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa, y la condena del consorcio Manzanillo Gas & Power, S.A. y sus principales ejecutivos por cometer un crimen ambiental.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI y representantes de la comunidad de Manzanillo, explicaron que la querella con constitución en actor civil que depositaron, plantea que el ministerio público apodere de urgencia al juez de la Instrucción de Montecristi y solicite de inmediato una medida cautelar extraordinaria para paralizar la construcción de estas plantas.

Igualmente, indicaron que están reclamando que el Consorcio Manzanillo Gas & Power, S.A. y las empresas Haina Investments Company, ENERLA Energía de Las Américas y Shell Gas and Power Development que lo constituyen, sean condenados al pago de 200 millones de dólares o su equivalente en pesos dominicanos, por los daños y perjuicios causados al Parque Nacional Manglares Estero Balsa, a las víctimas, actores civiles y querellantes, así como a todas las comunidades aledañas y a la biodiversidad.

Los representantes de las organizaciones ambientalistas y comunitarios de Manzanillo posan junto con parte del personal de la Procuraduría Regional especializada en Medio Ambiente de Montecristi, el pasado viernes, 16 de octubre.

También los accionantes demandan que sean sentenciados a diez años de privación de libertad, Luis Mejía Brache y Sharon Cabral Sánchez, respectivamente administrador del Consejo de Administración y secretaria de la Junta de Administración del Consorcio Manzanillo Gas & Power S.A.

Esta es la segunda querella interpuesta por las organizaciones y los comunitarios de Manzanillo por la construcción de estas plantas de generación eléctrica que operarán con gas natural licuado, con una inversión de más de US$1,750 millones, bajo el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

En la primera querella depositada en la Procuraduría General de la República, el pasado miércoles, 7 de octubre, las organizaciones y los comunitarios de Manzanillo, solicitan que se procese al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez en calidad de coautor, omisor y promotor de la instalación de estas plantas privadas en el área protegida del Parque Nacional Manglares Estero Balsa de Manzanillo, y sea condenado a diez años de prisión.

Acusaciones

La primera y más importante de las acusaciones en contra de Manzanillo Gas & Power, S.A. que contiene la querella depositada es que este Consorcio está ocupando la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa de Manzanillo, en la cual está construyendo dos super plantas de generación eléctrica.

Euren Cuevas del Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y Olmedo de León de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, ofrecen explicaciones sobre la actual situación de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa de Manzanillo.

Aseguraron que la ley prohíbe la construcción de estas estructuras en las áreas protegidas.

Otra de las acusaciones es que destruyó, entre octubre y noviembre del año 2022, en la zona de amortiguamiento, 575 mil metros cuadrados de vegetación virgen, y esta área fue rellenada para levantar un terraplén de más de 6 metros de altura sobre el cual actualmente están construyendo las plantas de generación eléctrica, sin haber realizado ningún estudio y sin haber obtenido licencia ambiental.

Según los accionantes la Ley Número 307-04 de Pesca y Acuicultura castiga este crimen ambiental con diez años de prisión.

Además acusan al Consorcio Manzanillo Gas & Power de construir sobre humedales y lagunas que conforman parte del sitio Ramsar número 2497, convenio internacional que protege este ecosistema, una terminal marítima y un gasoducto de 832 metros, y de colocar frente a los manglares una unidad flotante de almacenamiento (FSU) y una unidad de almacenamiento y regasificación (FSRU).

Las organizaciones y los representantes comunitarios de Manzanillo concluyen que por el impacto acumulado de la construcción y posterior operación de estas súper plantas de generación eléctrica y sus demás componentes terminarán por hacer desaparecer la mayor concentración de manglares del Caribe insular que representa el Parque Nacional Estero Balsa y dañará de manera irremediable el especial y delicado ecosistema de la Bahía de Manzanillo.

Advirtieron que es imprescindible proteger y fortalecer este sistema de manglares, lagunas costeras y estuarios de Manzanillo por las valiosas funciones ecológicas que cumplen, como son la provisión de hábitat y zona de reproducción para especies marinas y costeras, protección de la línea de costa frente a eventos hidrometeorológicos extremos, regulación hídrica, flujo de nutrientes hacia ecosistemas adyacentes y la captura de carbón.

La querella depositada se basa en el artículo 80 literal g de la Ley 307-04 sobre Pesca y Acuicultura, en los artículos 2, 8, 169, 172 y 175 de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 64-00, y los artículos 16, 66, 67 y 75 numeral 11 de la Constitución de la República.

También se fundamenta la querella en el Convenio Ramsar, en el artículo 49 de la Ley número 42-01 General de Salud, el artículo 27 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, los artículos 72,73, 372 y 373 del Código Penal Dominicano, los artículos 51, 52, 119 y 120 del Código Procesal Penal Dominicano y los artículos 1382 y 1383 del Código Civil Dominicano.

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