Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) calificó hoy de “preocupante” la situación en el país, marcada por ejecuciones extrajudiciales, deportaciones masivas, desalojos forzosos y hacinamiento penitenciario.
Al presentar su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos 2025, elaborado a partir de entrevistas a 450 personas, 65 testimonios directos y monitoreo territorial, señaló que durante 2025 se registraron unas 205 ejecuciones extrajudiciales, con afectaciones a jóvenes de entre 18 y 35 años de sectores empobrecidos.
La entidad advirtió sobre un patrón en el uso de la figura de “intercambio de disparos” como justificación oficial en muertes a manos de agentes del Estado.
En materia migratoria, reportó 379 mil 553 deportaciones, muchas —según sostiene— sin el debido proceso y bajo prácticas de perfilamiento racial que impactan de manera desproporcionada a personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.
También denunció la detención de mujeres embarazadas en centros hospitalarios y la separación de familias.
El sistema penitenciario figura como otro punto crítico. La CNDH-RD indicó que la sobrepoblación carcelaria supera el 150 por ciento, con más del 63 por ciento de los privados de libertad en prisión preventiva.
Las condiciones de hacinamiento e insalubridad, agregó, vulneran la dignidad humana.
En cuanto al derecho a la vivienda, la Comisión acompañó a más de 150 familias afectadas por desalojos forzosos ejecutados —según afirma— sin garantías judiciales ni alternativas de reubicación.
El informe estima que más de un millón y medio de dominicanos carecen de vivienda adecuada.
El documento también aborda la situación de personas con discapacidad, población LGBTI+, personas que viven con VIH y trabajadoras sexuales, así como la persistencia de violencia sexual contra niñas y adolescentes y el incremento de abortos clandestinos en un contexto de prohibición absoluta.
La Comisión hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a las autoridades competentes para impulsar reformas estructurales en seguridad pública, política migratoria, sistema penitenciario y acceso a derechos económicos y sociales.
“El respeto a los derechos humanos no puede ser opcional ni selectivo. Sin justicia, sin igualdad y sin dignidad, no hay democracia posible”, expresó la entidad, al anunciar que iniciará acciones legales en casos emblemáticos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
