Por Prensa Latina
SAN JUAN DE LA MAGUANA, República Dominicana.- La multitudinaria protesta contra el proyecto minero en San Juan de la Maguana, en la región suroeste de la República Dominicana, deja claro hoy que el debate sobre la minería en la Cordillera Central está lejos de resolverse.
Un día después, la tensión sigue latente: por un lado, una población que defiende el agua como su principal recurso de vida; por el otro, un proyecto como Romero, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp, que busca explotar oro, plata y cobre mediante minería subterránea -si se aprueba-, con el argumento de que tendría menor impacto ambiental.
La movilización masiva —incluyendo apoyo desde otras provincias — evidencia que el tema ha trascendido lo local para convertirse en una discusión nacional.
El uso de gases lacrimógenos y la intervención de las fuerzas de seguridad añade un elemento preocupante: la gestión del conflicto social. Cuando una demanda ciudadana termina en confrontación, el foco deja de estar solo en el proyecto minero y pasa también a la forma en que se manejan las protestas.
Miembros de la Policía Nacional y del Ejército intervinieron la tarde del domingo en la movilización contra la posible explotación minera, utilizando gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes.
El hecho ocurrió cuando los participantes, que se movilizaban tanto a pie como en vehículos, se encontraban en el muro de la Presa de Sabaneta.
En varios videos se aprecia el uso de los equipos antimotines, lo que provocó que la multitud se dispersara.
La semana pasada, el ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el futuro de la minería en el país debe definirse a partir de un balance entre la protección ambiental y el desarrollo económico.
Explicó que cualquier decisión debe sustentarse en evidencia científica, el respeto al debido proceso y un diálogo transparente con las comunidades.
Precisó que el debate sobre el desarrollo minero en San Juan de la Maguana (suroeste) gira en torno a garantizar el crecimiento sin comprometer los recursos naturales ni la estabilidad social.
Santos explicó que actualmente se realiza un estudio de impacto ambiental conforme a los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de especialistas internacionales.
En San Juan de la Maguana, el desarrollo de proyectos mineros ha generado un intenso debate entre autoridades, empresas y comunidades.
Mientras el Gobierno sostiene que cualquier decisión debe basarse en estudios de impacto ambiental, sectores comunitarios y sociales manifiestan preocupación por los posibles efectos sobre el agua, los suelos y la actividad agrícola, principal sustento de la provincia.
