Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El canciller Roberto Álvarez afirmó que el memorando de entendimiento suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos, en el marco de la alianza “Escudo de las Américas”, no implica la permanencia indefinida de extranjeros en este territorio.
Durante una rueda de prensa, Álvarez explicó que el acuerdo suscrito este martes se refiere exclusivamente a personas en tránsito que no han ingresado al sistema migratorio estadounidense, y que, por lo tanto, no han solicitado asilo en ese país.
Aseguró que tampoco ingresarán al sistema migratorio dominicano, ni pedirán refugio en la República Dominicana.
Precisó que esas personas permanecerán temporalmente bajo estrictos protocolos y serán retornadas a sus países de origen en cuestión de días por las autoridades locales, con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El funcionario enfatizó que el memorando no incluye nacionales haitianos, menores de edad no acompañados ni ciudadanos con antecedentes penales.
Asimismo, sostuvo que el acuerdo no es jurídicamente vinculante y puede ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las partes.
Álvarez indicó que han surgido interpretaciones que confunden este memorando con acuerdos de “tercer país seguro” o con el Protocolo para la Protección de Migrantes (PPM), esquema conocido como Remain in México.
Recordó que el presidente Luis Abinader expresó el año pasado que República Dominicana no aceptaría acuerdos que implicaran recibir extranjeros para permanecer aquí durante períodos prolongados o indeterminados mientras tribunales migratorios estadounidenses conocen solicitudes de asilo.
“Y esa posición del presidente se mantiene invariable”, manifestó el canciller.
Explicó que los acuerdos de “tercer país seguro” transfieren a la nación receptora la responsabilidad de procesar pedidos de asilo, mientras el esquema Remain in México suponía que los solicitantes permanecieran fuera de territorio estadounidense durante meses o años mientras jueces migratorios decidían sus casos.
“Estamos hablando de una operación de tránsito controlado, temporal y coordinado, realizada bajo parámetros claros de soberanía nacional y cooperación internacional, con el financiamiento total de Estados Unidos”, reiteró.
Álvarez también aseguró que nadie ingresará al territorio nacional sin la autorización del Gobierno dominicano.
Sostuvo que la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos debe analizarse con sentido estratégico y memoria histórica.
En ese sentido, recordó que el Gobierno dominicano solicitó durante años una mayor implicación internacional frente al colapso de la seguridad en Haití y citó el respaldo de Washington para la aprobación, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la resolución 2793 que creó la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití.
También mencionó la incorporación de esta nación caribeña al programa Global Entry y señaló que, desde hace décadas, figura entre los pocos países (16) que, proporcionalmente a su población, más residencias permanentes obtiene para sus nacionales en Estados Unidos, su principal socio y aliado.
La víspera, el Gobierno de Luis Abinader anunció la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos que contempla el ingreso temporal y excepcional de un número limitado de nacionales de terceros países en condición de tránsito.
Asimismo, la extensión para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de ese país en el aeropuerto internacional de Las Américas, en esta capital, y la base aérea de San Isidro “en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico”.
En tercer lugar, el Gobierno dominicano declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de Hezbolá como organizaciones terroristas.
El secretario general del Partido Comunista del Trabajo, Aquiles Castro, denunció este miércoles que la renovación del llamado “permiso temporal” para la permanencia de tropas y equipos militares estadounidenses en suelo dominicano constituye, a su juicio, un eufemismo para encubrir el establecimiento de una base militar permanente.
