Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los accidentes de tránsito han dejado 893 fallecidos y más de 30 mil 800 lesionados en República Dominicana en lo que va de 2026, una cifra que mantiene hoy la seguridad vial entre los principales desafíos de salud pública.
Ante este panorama, autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) plantearon la necesidad de fortalecer la licencia por puntos, automatizar la fiscalización y endurecer las consecuencias para los conductores infractores, como parte de una estrategia integral para reducir la siniestralidad.
Joel Gnecco Gross, director de Tránsito y Vialidad del Intrant, afirmó que la mayoría de los accidentes están asociados a factores prevenibles, entre ellos el exceso de velocidad, la conducción imprudente, el incumplimiento de las normas de tránsito, el consumo de alcohol, las distracciones al volante y el uso inadecuado del casco protector.
El funcionario destacó además el peso de las motocicletas en la problemática vial.
Según datos oficiales, el parque vehicular dominicano alcanzó los 6.1 millones de unidades al cierre de 2025, de las cuales el 57 por ciento corresponde a motocicletas. Sin embargo, menos del 10 por ciento de estos vehículos cuenta con seguro vigente. Las autoridades consideran que el crecimiento acelerado del uso de motocicletas ha superado los procesos de regulación, capacitación y fiscalización, por lo que insisten en fortalecer su registro y el uso obligatorio de cascos homologados.
Entre las medidas prioritarias también figuran la intervención de los llamados «puntos negros» o zonas de alta accidentalidad, la reducción de los límites de velocidad en áreas urbanas sensibles, la mejora de la señalización vial y una mayor utilización de datos para orientar las políticas públicas.
Por su parte, Jhonattan Chevalier, director de Seguridad Vial del Intrant, informó que cada año se emiten alrededor de 1.4 millones de multas de tránsito en el país, aunque solo cerca de la mitad son pagadas.
Atribuyó esta situación a debilidades en los mecanismos de cobro y a la falta de sanciones adicionales para quienes incumplen la ley.
En respuesta, el organismo propuso una reforma legislativa destinada a fortalecer la fiscalización y mejorar la efectividad del sistema sancionador, con el objetivo de promover una mayor cultura de respeto a las normas de tránsito.
