Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno dominicano para mitigar el impacto de la crisis internacional generan hoy debate entre representantes del sector empresarial, comercial y político, con posiciones que van desde el respaldo hasta el rechazo frontal.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) manifestó compartir el objetivo de preservar la estabilidad fiscal, económica y social del país, especialmente en un escenario global marcado por la incertidumbre y por las presiones que ejercen los precios internacionales de los combustibles sobre las finanzas públicas y la actividad productiva.
La organización valoró varios componentes de la propuesta oficial, en particular aquellos dirigidos a simplificar el sistema tributario, fortalecer la inversión, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y proteger a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, el gremio dejó claro que cualquier contribución adicional que se solicite a compañías y ciudadanos debe responder a principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y previsibilidad.
Además, sostuvo que existe margen para fortalecer los ingresos del Estado mediante mecanismos distintos al aumento de las cargas sobre los contribuyentes que ya cumplen con sus obligaciones, entre ellos la ampliación de la base tributaria, la reducción de la evasión fiscal, el combate a la informalidad y la corrección de prácticas de competencia desleal.
El Conep también insistió en que cualquier esfuerzo extraordinario debe ir acompañado de medidas orientadas a mejorar la eficiencia del gasto público y la focalización de los subsidios, con el fin de reducir las presiones estructurales sobre las finanzas estatales.
Una posición más favorable fue asumida por la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenacerd) y la Confederación de Comerciantes, Empresarios y Mipymes (Conmipymes), que expresaron su respaldo a la propuesta para el fomento de las mipymes presentada por el Ministerio de Hacienda y Economía.
Los gremios consideraron que la iniciativa logra equilibrar la necesidad de aumentar la recaudación estatal con el resguardo de los pequeños negocios y los esfuerzos de formalización empresarial.
Entre los aspectos que valoran destacan la eliminación del anticipo para las microempresas, el mantenimiento sin cambios del Impuesto Sobre la Renta para las mipymes, la preservación de las reglas para las compras realizadas a través de plataformas digitales y la simplificación de los procesos tributarios.
No obstante, Fenacerd y Conmipymes advirtieron sobre la necesidad de proteger a las mipymes de posibles efectos secundarios derivados de algunos ajustes tributarios.
En particular, plantearon que cualquier modificación relacionada con impuestos a las transferencias bancarias o mecanismos de retención anticipada debe excluir expresamente a las pequeñas firmas acogidas a regímenes especiales.
Según sus dirigentes, aplicar mayores cargas a las operaciones digitales podría desincentivar la formalización y provocar un retorno al uso predominante del efectivo, afectando los avances alcanzados en materia de inclusión financiera y transparencia.
En el ámbito político, la posición más crítica provino hasta hoy de la Fuerza del Pueblo y de su presidente, Leonel Fernández, quien rechazó las medidas bajo el argumento de que constituyen una reforma fiscal presentada bajo otra denominación.
Fernández sostuvo que el contexto económico actual no es adecuado para promover iniciativas que impliquen mayores sacrificios para la población, especialmente cuando persisten preocupaciones relacionadas con la inflación y el encarecimiento de bienes y servicios esenciales.
El exmandatario cuestionó que el Gobierno recurra a nuevas medidas de carácter fiscal cuando, a su juicio, ha contado con recursos suficientes sin resolver problemas fundamentales que afectan a la ciudadanía.
Asimismo, rechazó los argumentos utilizados para justificar las disposiciones anunciadas la víspera y aseguró que su organización mantendrá una posición firme frente a cualquier idea que incremente la carga económica sobre trabajadores, comerciantes, estudiantes y familias.
El debate apenas comienza y promete ocupar un lugar central en la discusión económica y política nacional durante las próximas semanas. rc/mpv
