Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Senado dominicano se dispone a conocer hoy el plan fiscal del Gobierno destinado a recaudar hasta 50 mil millones de pesos (833 millones de dólares), una propuesta que genera un intenso debate político y económico en el país.
Tras completar en apenas cinco días un acelerado trámite legislativo, la iniciativa, impulsada por el presidente Luis Abinader y defendida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, obtuvo un informe favorable de la comisión bicameral encargada de estudiarla, con el respaldo de la mayoría oficialista y el rechazo de legisladores opositores.
El proyecto busca captar fondos mediante medidas de consolidación fiscal, combate a la evasión, simplificación tributaria y estímulo al crecimiento económico.
El Gobierno sostiene que la propuesta no incrementa el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), ni impone nuevas cargas a las micro, pequeñas y medianas empresas, y asegura que más del 90 por ciento de la recaudación provendrá de los sectores de mayores ingresos.
Tampoco contempla cambios en la mayoría de los impuestos selectivos aplicados a combustibles, vehículos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, seguros y telecomunicaciones.
Entre las medidas de mayor impacto figura un aumento temporal del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las grandes empresas, cuya tasa pasaría de 27 por ciento a 30 por ciento.
Asimismo, propone elevar el impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15 por ciento a 0.20 por ciento, establecer nuevos gravámenes para cigarrillos electrónicos, casinos y juegos de azar, entre otras medidas.
El paquete incorpora, además, mecanismos para reforzar la fiscalización, entre ellos la aplicación de percepción de Itbis a importaciones realizadas por contribuyentes informales, mayores herramientas de trazabilidad para sectores específicos y ajustes en las retenciones del ISR para determinados declarantes.
Según el ministro Magín Díaz, los ingresos adicionales permitirían sostener programas de protección social, amortiguar parte del impacto de la crisis internacional sobre los precios internos y contribuir al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica del país.
La iniciativa fue cuestionada por dirigentes opositores, entre ellos el expresidente Leonel Fernández, quien solicitó su retiro al considerar que pretende justificar el aumento del gasto público bajo el argumento de la crisis internacional.
En la misma línea, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, afirmó que el plan afectará el poder adquisitivo de la clase media y agravará las dificultades económicas de los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, el PLD denunció que la pieza legislativa se enfoca en aumentar la recaudación sin presentar una estrategia clara para reducir el gasto público y combatir la evasión fiscal.
La organización señaló que el gasto corriente del Gobierno pasó de 14.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 a 16.5 por ciento en 2025, y consideró que antes de solicitar mayores contribuciones a ciudadanos y empresas, las autoridades deberían identificar áreas de ahorro y transparentar el destino de los recursos adicionales.
El proyecto fue depositado por el Poder Ejecutivo el pasado viernes y ese mismo día fue remitido a una comisión bicameral.
Tras reuniones y consultas con autoridades económicas y representantes empresariales, la comisión emitió un informe favorable que allana el camino para su votación en el Senado.
