Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó hoy que el Ministerio Público de República Dominicana obtuvo 95 sentencias condenatorias en cuatro de los principales casos de corrupción administrativa investigados desde 2020.
Durante una entrevista en el programa televisivo El Día, Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, señaló que la institución ha ejecutado 36 operaciones contra estructuras criminales en los últimos seis años, incluidas 11 relacionadas con corrupción administrativa.
Al referirse a los primeros expedientes de gran impacto, explicó que el caso contra el empresario Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, concluyó con 29 penas, entre ellas una sentencia de siete años de prisión para el principal acusado.
Indicó que la denominada Operación 13, relacionada con un fraude en la Lotería Nacional, terminó con ocho personas condenadas, mientras que los casos Coral y Coral 5G, vinculados a una presunta red de corrupción en organismos militares y de seguridad, acumulan otras 29 sanciones entre personas físicas y empresas.
Camacho precisó que el cuarto gran expediente, conocido como Medusa y seguido contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, aún se encuentra en fase de juicio. No obstante, recordó que durante la etapa preliminar se alcanzaron acuerdos con 29 imputados.
Respecto al proceso contra Rodríguez, sostuvo que el exfuncionario ha promovido múltiples recursos con el objetivo de retrasar el avance del juicio. Según Camacho, la estrategia busca prolongar el proceso para posteriormente alegar la extinción de la acción penal por exceso de tiempo.
A su juicio, la abundancia y solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público reducen significativamente las posibilidades de éxito de la defensa en un debate sobre el fondo del caso.
El procurador adjunto también valoró como “histórica” la reciente sentencia emitida en el caso Coral y Coral 5G, que impuso sanciones de hasta 20 años de prisión a varios de los principales inculpados.
Entre ellos mencionó al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres; al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Juan Carlos Torres Robiou, y a Rafael Núñez de Aza, identificado como el responsable del manejo financiero de la estructura.
Sobre los alegatos de extinción de la acción penal presentados por algunas defensas, Camacho afirmó que los tribunales los rechazaron en varias ocasiones, al considerar que la complejidad de los casos justifica la duración de los procesos.
Recordó que el juicio del caso Coral se extendió durante más de un año y nueve meses solo en la fase de debates, con cientos de testigos y miles de documentos examinados por el tribunal.
Según el funcionario, las decisiones judiciales en estos procesos reflejan la magnitud de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y el volumen de pruebas reunidas para sustentar las acusaciones.
