Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La aprobación del plan fiscal impulsado por el presidente Luis Abinader es hoy, sin duda, la noticia económica y política más relevante de la semana en República Dominicana.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso Nacional en apenas seis días y convertida en ley mediante un trámite de urgencia, lo que reflejó la prioridad que el Gobierno otorgó a la medida.
La normativa busca recaudar alrededor de 50 mil millones de pesos (unos 847,5 millones de dólares) adicionales para fortalecer las finanzas públicas y hacer frente a los desafíos económicos derivados de la coyuntura internacional.
Entre sus principales disposiciones figura el aumento temporal del Impuesto sobre la Renta (ISR) para los grandes contribuyentes, cuya tasa pasará del 27 por ciento al 30 por ciento entre 2026 y 2028, para luego retornar a su nivel actual en 2029.
Durante el proceso legislativo se introdujeron modificaciones, entre ellas la aclaración de que el incremento será transitorio y no permanente.
Además del incremento del ISR, la ley eleva la carga tributaria sobre actividades vinculadas a los juegos de azar y las apuestas, incluidos los casinos, las bancas deportivas y otros negocios del sector.
Asimismo, el plan fortalece las facultades de fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) e incorpora mecanismos para combatir la evasión y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Las autoridades sostienen que estas acciones permitirán aumentar la eficiencia recaudatoria y reducir las pérdidas de ingresos por incumplimiento fiscal.
Sin embargo, la aprobación de la reforma ha generado un intenso debate. El Gobierno sostiene que los nuevos recursos permitirán preservar la estabilidad macroeconómica y financiar las necesidades prioritarias del Estado.
Por el contrario, sectores empresariales y de oposición advierten que el aumento de la carga tributaria podría afectar el consumo, la inversión y el crecimiento económico en un momento marcado por una desaceleración de la actividad productiva y una inflación que impacta el costo de vida.
Más allá de las posiciones encontradas, el verdadero alcance de la reforma comenzará a medirse a partir de su entrada en vigor.
El desafío para las autoridades será demostrar que los recursos adicionales recaudados se traducirán en mejoras tangibles para la economía y el bienestar de la población, mientras que sus críticos seguirán atentos a los efectos que pueda tener sobre los hogares y los sectores productivos.
