Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La modificación a la Ley General de Residuos Sólidos aprobada por el Senado genera hoy debate en la República Dominicana entre legisladores, organizaciones empresariales y representantes de la industria.
Si bien coinciden en la necesidad de fortalecer el manejo de los desechos, difieren en el mecanismo de financiamiento y en el proceso seguido para introducir los cambios.
La Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que ahora será conocida por la Cámara de Diputados, modifica su artículo 36 para establecer una nueva contribución especial que deberán pagar las personas jurídicas, entidades gubernamentales, patrimonios autónomos y demás organizaciones que reporten ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos.
Los recursos recaudados estarán destinados a optimizar el sistema nacional de tratamiento integral de desechos, con el propósito de costear acciones para reducir su impacto ambiental y mejorar su recolección, valorización y disposición final.
La reforma también endurece las restricciones al uso de plásticos de un solo uso y prohíbe la importación y fabricación de sorbetes, vasos, cubiertos y otros productos elaborados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
También establece un período de seis meses tras la promulgación para fomentar el uso de alternativas sostenibles elaboradas con papel reciclado, cartón biodegradable, bagazo de caña, bambú, fibras vegetales y otros materiales reutilizables.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana manifestó su preocupación por la forma en que fue aprobada la reforma, al considerar que no existió un proceso de consulta con los sectores involucrados ni con las instituciones responsables de ejecutar la ley.
El vicepresidente ejecutivo del gremio, Mario Pujols, afirmó que la industria respalda una adecuada gestión de los residuos y reconoce la necesidad de contar con recursos para ese propósito.
Sin embargo, cuestionó que la nueva contribución especial se haya planteado sin estudios técnicos ni un análisis de efecto regulatorio que justifique el incremento de las cargas económicas para las empresas.
Asimismo, sostuvo que los problemas financieros de los ayuntamientos deben resolverse mediante el cumplimiento de la asignación presupuestaria establecida por ley y no trasladando ese peso al sector productivo a través de una legislación ambiental.
La Asociación de Industrias anunció que presentará sus observaciones durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que las modificaciones sean revisadas sobre bases técnicas.
En términos similares se pronunció la Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen), que solicitó una revisión técnica antes de que la reforma entre en vigor. La organización expresó que toda contribución obligatoria debe responder a criterios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva para evitar que las pequeñas y medianas empresas resulten afectadas de manera desproporcionada.
El presidente de Airen, Luis José Bonilla, indicó que, aunque la entidad respalda el fortalecimiento del sistema de administración de residuos, una medida con impacto económico sobre el aparato productivo debe construirse mediante un proceso de diálogo con los sectores involucrados y sustentarse en criterios técnicos.
