Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), principal sindicato del magisterio, advirtió hoy que varios artículos del proyecto del nuevo Código Penal podrían «criminalizar» medidas disciplinarias y pedagógicas aplicadas por los docentes en el ejercicio de sus funciones.
En un documento remitido a la Cámara de Diputados, el gremio afirmó que, aunque respalda el fortalecimiento de la protección de niños, niñas y adolescentes, la reforma debe preservar el equilibrio entre ese objetivo y el ejercicio de la función docente.
«…Como organización sindical que agrupa a miles de docentes que diariamente tienen la responsabilidad de formar, orientar y acompañar a las nuevas generaciones, entendemos que toda reforma penal debe guardar un equilibrio entre la necesaria protección de la sociedad y el respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución», declaró.
Consideró que algunas disposiciones, por la amplitud de sus términos o la falta de precisión, podrían dar lugar a interpretaciones que afecten la labor de los educadores, así como el ejercicio de derechos vinculados con la actividad sindical y la libertad de expresión.
Entre las principales observaciones figura el artículo relativo al hostigamiento e intimidación (bullying), respecto al cual la ADP solicitó precisar el alcance de términos como «asustar», «aislar» y la referencia al «ámbito educativo», para evitar que medidas disciplinarias, pedagógicas o de protección previstas en la legislación educativa sean interpretadas como conductas delictivas.
El sindicato propuso incorporar una disposición que establezca expresamente que las medidas disciplinarias, correctivas o de protección adoptadas por docentes, directivos y orientadores, de manera objetiva, razonable y conforme a la ley, no constituyan delito siempre que no tengan como propósito humillar, hostigar o causar daño a los estudiantes.
Asimismo, pidió revisar el artículo referido al abandono de niños, niñas y adolescentes al considerar que equipara la responsabilidad penal de los maestros con la de los padres o tutores, pese a que la custodia de los docentes es temporal y está limitada al ámbito escolar.
La ADP también solicitó modificar otra disposición que utiliza el término «presión», al estimar que resulta demasiado amplio y podría generar inseguridad jurídica, por lo que propuso definir con mayor precisión las conductas sancionables.
Las observaciones fueron presentadas en el proceso de revisión del proyecto de Código Penal que actualmente desarrolla el Congreso Nacional, antes de su eventual aprobación.
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