Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público dominicano presentó los elementos probatorios contra 26 personas vinculadas a la nueva fase de la investigación sobre presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), trascendió hoy.
La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
Tal audiencia fue aplazada hasta este viernes, cuando continuará el conocimiento de las medidas de coerción.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que 10 de los encausados admitieron los hechos que les atribuye el órgano acusador, lo que, según su valoración, respalda la investigación a la principal administradora pública de riesgos de salud del país.
Figuran entre las evidencias presentadas 234 pruebas documentales, 91 materiales, 82 documentos procesales y 76 periciales, de acuerdo con la Fiscalía. El expediente involucra principalmente a médicos y otras personas vinculadas al sector sanitario, a quienes el Ministerio Público atribuye la generación de cargos y autorizaciones por servicios que, según la acusación, no fueron solicitados ni realizados.
La investigación documentó cuatro mil 363 autorizaciones de consultas y procedimientos por unos 41,1 millones de pesos (unos 691 mil dólares) entre enero de 2021 y febrero de 2025, según documentos judiciales citados durante el proceso.
Ortiz sostuvo que las maniobras investigadas no solo habrían provocado la salida irregular de recursos públicos, sino que también afectaron la cobertura disponible para afiliados cuyos datos fueron utilizados para generar los cargos.
El Ministerio Público considera que el caso reúne características de delincuencia organizada debido a la pluralidad de hechos, víctimas y personas presuntamente involucradas, y atribuye a los imputados delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La denominada Operación Cobra 2.0-A constituye una nueva línea derivada de la investigación iniciada con la Operación Cobra, que llevó ante los tribunales al entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y a otras personas.
El nuevo periodo comenzó el 18 de septiembre con 37 allanamientos y el arresto inicial de 28 personas en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, La Vega y Sánchez Ramírez. Posteriormente, el número de imputados sometidos al tribunal quedó en 26.
