Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Unión Clasista de Trabajadores (UCT) de República Dominicana denunció hoy presuntas ejecuciones extrajudiciales durante actuaciones policiales y responsabilizó políticamente al Gobierno por lo que considera violaciones de las garantías constitucionales.
En una declaración pública, la organización sindical rechazó los denominados «intercambios de disparos» como mecanismo de combate a la delincuencia y advirtió que esos procedimientos
constituyen una grave amenaza para el Estado de derecho y la protección de la vida humana.
La Confederación Sindical sostuvo que personas señaladas como supuestos delincuentes han fallecido durante intervenciones policiales sin ser sometidas previamente a los tribunales. A su juicio, esas muertes requieren investigaciones independientes y esclarecimiento judicial.
Tal entidad recordó que la legislación no contempla la pena de muerte y afirmó que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal de cualquier ciudadano, por lo que rechazó que los organismos de seguridad asuman funciones propias del sistema judicial.
Asimismo, cuestionó la eficacia de los llamados intercambios de disparos para enfrentar la inseguridad y advirtió que tolerar actuaciones contrarias a las garantías constitucionales puede normalizar la violencia institucional y debilitar la administración de justicia.
La organización también vinculó la delincuencia con factores económicos y sociales, entre ellos la concentración de la riqueza, la desigualdad y la exclusión de sectores populares.
En ese sentido, criticó la persistencia de diferencias en el acceso a oportunidades y derechos fundamentales, así como la corrupción que, según afirmó, limita la disponibilidad de recursos públicos para servicios esenciales, como la educación y la seguridad social.
Para la UCT, una política de seguridad centrada en la respuesta represiva, sin atender las causas sociales de la violencia, resulta insuficiente para lograr cambios sostenibles.
La confederación expresó además su respaldo a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y a otras organizaciones que cuestionan los decesos ocurridos durante actuaciones policiales.
Instó a la sociedad dominicana a exigir el cumplimiento de la Constitución y a evitar que las violaciones de derechos fundamentales queden sin consecuencias.
La declaración fue suscrita por Juan Núñez Batista, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la UCT, y José Encarnación, secretario de Propaganda y Comunicación.
