Por Prensa Latina
Washington, EEUU.- Una jueza federal impuso una orden de emergencia que frena la campaña de presión del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos contra funcionarios electorales.
“Aunque los demandados afirman que sus acciones están destinadas a detener el voto ilegal de personas que no son ciudadanas, es probable que tengan el efecto de interferir en la administración electoral y privar del derecho al voto a votantes habilitados”, afirmó la magistrada de distrito Trina Thompson.
Según estableció en su restricción temporal la noche de este viernes, mientras su orden esté vigente, el DOJ y el Departamento de Seguridad Nacional no podrán exigir que funcionarios electorales de ningún estado separen boletas, eliminen votantes empadronados ni frenen el procesamiento de las papeletas.
Thompson -nombrada por el presidente Joe Biden (2021-2025)-, también bloqueó las amenazas de entablar procesos penales contra funcionarios electorales por parte de esas agencias.
Además, advirtió que el Gobierno no puede adoptar otras medidas que “amenacen, intimiden o coaccionen” a funcionarios electorales para exigir cambios en los procedimientos de procesamiento de boletas bajo el argumento de que los votantes no reúnen los requisitos.
La jueza -de acuerdo con reportes en medios locales como CNN- rechazó las alegaciones que el Gobierno ha planteado durante meses respecto a que tiene la facultad y la intención de procesar penalmente a los funcionarios electorales por no hacer lo suficiente -dicen- para impedir la votación ilegal.
