Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Dos casos de violencia contra mujeres y niños, conocidos hoy a través del Ministerio Público, vuelven a poner sobre la mesa la dimensión de un problema social que trasciende los tribunales y plantea desafíos a las instituciones dominicanas.
Uno de los hechos ocurrió en San Juan, donde un hombre de 57 años está imputado por matar a tiros a su expareja, Jocelyn Ceballos Matrille, de 36 años, en un apartamento del residencial Caonabo Tower. El crimen ocurrió el pasado 7 de noviembre, después de una confrontación entre ambos, según la investigación.
Por este caso, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a Francisco Rosendo Moya Tavares, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones por el hecho, calificado provisionalmente como homicidio doloso agravado.
El segundo expediente corresponde a la provincia Santiago, donde un hombre de 37 años enfrenta acusaciones de abuso y violación sexual contra al menos cuatro menores de 7, 12, 13 y 15 años.
La denuncia de la madre de algunas de las víctimas dio inicio a las investigaciones, que condujeron a su identificación y posterior sometimiento judicial.
De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado habría ofrecido dinero para ganarse la confianza de las menores, a quienes posteriormente sometía a agresiones sexuales, además de amenazarlas, intimidarlas y exigirles fotografías íntimas. En este caso, un tribunal ordenó un año de prisión preventiva.
Analistas coinciden en que, aunque se trata de hechos diferentes, ambos expedientes tienen como denominador común la violencia ejercida contra personas en condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y protección.
Las medidas de coerción representan pasos dentro de los procesos judiciales, pero no reparan el daño causado ni sustituyen la responsabilidad del Estado de actuar antes de que se produzcan agresiones que, en ocasiones, terminan con la vida de una mujer o dejan profundas secuelas en niños y adolescentes.
Difundidos el mismo día por el órgano persecutor, los dos casos recuerdan que la violencia de género y el abuso sexual infantil no son episodios aislados que puedan quedar circunscritos a expedientes judiciales, sino problemas que requieren respuestas sostenidas de las familias, las comunidades y las instituciones públicas.
