Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El economista dominicano Luis Reyes advirtió hoy que el Gobierno tendrá dificultades para mantener indefinidamente los subsidios a los combustibles y consideró necesario establecer mecanismos de protección para los sectores más vulnerables ante eventuales aumentos de precios.
El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo que, en algún momento, las autoridades tendrán que trasladar a los consumidores parte de las alzas registradas en los mercados internacionales del petróleo y sus derivados.
Durante una entrevista en el programa Ahora por la Súper 7, Reyes instó al Gobierno a informar con transparencia sobre las limitaciones presupuestarias del Estado y las dificultades para continuar absorbiendo los incrementos de los carburantes.
El economista señaló que cualquier modificación de los precios debe contemplar medidas para proteger a los hogares de menores ingresos y a otros sectores que, aunque no estén clasificados oficialmente como pobres, enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.
Las declaraciones se producen en un contexto de elevada presión sobre las finanzas públicas por el costo de contener los precios de los combustibles.
Para la semana del 7 al 13 de noviembre, el Gobierno destinó mil 139.1 millones de pesos (unos 18.7 millones de dólares) a ese propósito.
Con ese desembolso, los recursos acumulados para subsidiar los carburantes durante 2026 superaron los 44 mil millones de pesos (unos 724 millones de dólares), más de cuatro veces la asignación inicial de 11 mil millones de pesos, según informaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Reyes manifestó preocupación también por el crecimiento del endeudamiento público y las presiones sobre el presupuesto, al considerar que las autoridades deben explicar a la ciudadanía las consecuencias de mantener una política de subsidios de esa magnitud.
Insistió en que las decisiones sobre los combustibles deben equilibrar la sostenibilidad de las finanzas estatales con la protección del poder adquisitivo de la población, particularmente de quienes tienen menor capacidad para absorber nuevos incrementos.
