Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El exprocurador general de la República Dominicana Francisco Domínguez Brito, pidió hoy al presidente Luis Abinader no atribuir a debilidades institucionales las irregularidades denunciadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionó a las declaraciones del mandatario, quien atribuyó el escándalo de corrupción a fallas estructurales existentes desde la creación de la institución.
Domínguez Brito calificó ese argumento de improcedente y consideró que busca desviar la responsabilidad política del Gobierno frente a las denuncias.
«La corrupción no la cometen las estructuras, sino las personas. Y quienes dirigieron SeNaSa durante este escándalo fueron funcionarios del oficialita PRM», manifestó el también aspirante presidencial del partido opositor.
Asimismo, advirtió que las explicaciones del jefe del Estado podrían interpretarse como una justificación de las irregularidades, cuando la ciudadanía espera transparencia y consecuencias judiciales.
Insistió en que el problema no radica en el origen ni en el diseño institucional de SeNaSa, sino en la actuación de quienes administraron los recursos destinados a garantizar servicios de salud a la población vulnerable.
SeNaSa es la aseguradora de salud del Estado dominicano. Es la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública más grande del país y cubre principalmente a empleados públicos, pensionados y a la población más pobre, que recibe el régimen subsidiado.
El caso salió a la luz en junio de 2025, tras denuncias por la situación financiera de la entidad y retrasos en los pagos a clínicas y médicos. En agosto de ese año, Abinader destituyó a su director ejecutivo, Santiago Hazim, y remitió un informe a la Procuraduría General.
La investigación del Ministerio Pública acusa a una presunta red de haber provocado pérdidas superiores a 15 mil 900 millones de pesos (unos 263 millones de dólares) hasta diciembre de 2024).
Según el expediente, el esquema incluyó contratos irregulares, manipulación de procesos internos, reclamaciones por servicios médicos presuntamente no prestados, uso de empresas sin operaciones reales y pagos de sobornos.
Hazim y otros imputados cumplen 18 meses de prisión preventiva. Posteriormente, las autoridades abrieron una segunda fase, llamada SeNaSa 2.0, en la que investigan supuestas autorizaciones fraudulentas por más de 41 millones de pesos (unos 679 mil dólares) y solicitaron medidas contra otros 25 imputados.
El pasado lunes, Abinader reconoció en su encuentro semanal con la prensa que SeNaSa operaba sin una Unidad de Auditoría Interna ni un consejo de administración que supervisara sus decisiones.
«Ahí realmente hubo una falla de control desde su fundación», dijo.
El mandatario explicó que, por ser una entidad pública descentralizada, los contratos con las prestadoras de salud no estaban sometidos a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, por lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas no tenía competencia para fiscalizarlos.
Esa es la explicación que Domínguez Brito rechaza.






